CUENCA

Cuenca entraría en bancarrota si se aplica la sentencia de la OPE de 2006

El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, así lo ha advertido este miércoles, quien además ha confirmado que el pasado 4 de noviembre remitieron un escrito a los juzgados explicando que el cumplimiento del fallo supondría 26 millones de euros

Cerca de 200 trabajadores del Ayuntamiento de Cuenca se concentraron en las puertas del Consistorio para mostrar su rechazo a los "recortes"
photo_camera Imagen de archivo de una concentración de los trabajadores del Ayuntamiento de Cuenca

El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, advirtió este miércoles que el Ayuntamiento que preside entrará "en bancarrota" si cumple la sentencia judicial que le obliga a anular la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2006.

Según ha explicado, el pasado 4 de noviembre remitieron al juez un informe de la Intervención Municipal, así como otro informe de los Servicios Jurídicos y uno de Recursos Humanos en los que se argumenta que la aplicación de la sentencia supondría el pago de 26 millones de euros.

Por ello, considera que "cumplir esa sentencia hace que el Ayuntamiento tenga que cerrar sus puertas". El alcalde ha indicado que han intentado llegar a un acuerdo con el CSIF, que interpuso el recurso, "para encontrar una solución que no perjudicase a nadie" pero sin resultado.

El primer edil ha asegurado que "el cumplimiento de la sentencia tal y como pretende CSIF afectaría a muchísimos trabajadores del Ayuntamiento, porque han pasado tantos años que se produciría un efecto en cadena".

En este sentido, ha indicado que "a juicio de los técnicos, afectaría a todas las personas que participaron en la OPE de 2006" y que ha cifrado en unas 160 personas.

Además, de los efectos económicos, Ávila ha manifestado que habría servicios municipales que quedarían "desmantelados", porque, prácticamente todos sus trabajadores están afectados por la sentencia.

En todo caso, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento tiene una imposibilidad material y jurídica poder pagar esos 26 millones de euros.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del pasado mes de enero obliga al consistorio a anular la OPE de 2006 y a volver a realizar los procesos de contratación de los trabajadores afectados.

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