El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha denunciado que, en pleno estado de alarma y con un país en servicios mínimos, el equipo de Gobierno, del PSOE y Ciudadanos (Cs), esté procediendo a embargar las cuentas corrientes de vecinos de la capital.
En un comunicado de prensa, ha explicado que han tenido conocimiento de estos hechos a través de una denuncia formulada en redes sociales y confirmada directamente con dos personas afectadas.
El edil popular Miguel Ángel Poveda ha asegurado que "es lamentable que los embargos de las cuentas corrientes de los vecinos, en momentos tan duros como estos, sigan estando en la agenda del equipo de Gobierno y que no haya paralizado los procedimientos de apremio como sí han hecho otros muchos Ayuntamientos".
Además, ha recordado que desde el pasado 20 de marzo han solicitado, en varias ocasiones, al equipo de Gobierno que adoptara formalmente la paralización del cobro de los tributos municipales debido a la actual situación, para mayor seguridad jurídica de todos los ciudadanos, estableciendo ya periodos de moratoria y aplazamientos para favorecer la reactivación económica de la ciudad una vez superado el actual estado de alarma.
Poveda ha vuelto a lamentar que las únicas medidas económicas que ha adoptado el equipo de Gobierno hayan sido la de prorrogar el contrato con la empresa que colabora con el Ayuntamiento en materia de recaudación y dos decretos, uno que amplía a las familias numerosas el plazo de solicitud de las bonificaciones en el pago de la tasa del agua y el IBI, y otro que se declaran inhábiles, a efectos del pago de plusvalías, los días que dure el estado de alarma.
Finalmente, ha señalado que es "urgente y necesario" que el equipo de Gobierno "adopte ya acuerdos que ayuden a la economía de vecinos, empresas y comercios de la ciudad, con aplazamientos, suspensiones y bonificaciones en los impuestos y tasas".
EL AYUNTAMIENTO LO NIEGA
Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha hecho público este jueves un comunicado de prensa en el que sale al paso de las críticas realizadas por el PP, quien aseguraba que había embargado varias cuentas de vecinos, y ha informado que no ha firmado diligencias de embargo a partir del 14 de marzo.
El concejal de Economía y Hacienda, Nicolás Clavero, ha apuntado que esas noticias "no son ciertas, ya que las últimas diligencias de embargo se produjeron con fecha 5 de marzo, enviándolas a las entidades bancarias, como es habitual todos los meses".
El edil ha explicado que las entidades bancarias, a su recepción, proceden a retener los importes correspondientes en las cuentas de los deudores, existiendo un plazo de 20 días para que puedan hacer alegaciones ante el Servicio de Recaudación, y que pasado ese plazo, sin alegaciones o resultan negativas, es cuando se transfieren los importes a la cuenta de Recaudación.
De hecho, ha informado que se han atendido 22 solicitudes para el levantamiento de los embargos por razones de aplazamiento o fraccionamiento.
"Con este procedimiento, que es el establecido en las normas tributarias, es posible que algunos deudores no hayan observado la retención en sus respectivas cuentas hasta el momento del traspaso, y de ahí puede venir la confusión", ha justificado.
Además, el concejal ha indicado que el Real Decreto Ley que establece el estado de alarma no establece retroactividad en los procedimientos tributarios por lo que no ha sido posible el retirar las diligencias ya practicadas el pasado 5 de marzo.
Así mismo, y respecto a la nota de prensa del Grupo Municipal Popular, Clavero ha vuelto a indicar que el calendario de cobro de tributos en voluntaria correspondiente al año 2020 está paralizado, sin aprobar ni publicar, por lo que "no habría que dictar ningún aplazamiento de algo que no está en vigor".
Clavero ha recordado que cuando se inicie el periodo de cobro se podrán solicitar aplazamientos y fraccionamientos de los tributos que se pongan al cobro en conformidad con las normas tributarias.
Finalmente, ha lamentado que "una vez más" el Partido Popular "aproveche este periodo del estado excepcional para alarmar a la población en un tema tan sensible como es el pago de los impuestos de los que se nutren los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía".
