El centro penitenciario de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), es uno de los diez centros dependientes de la Administración central que se han visto afectados por coronavirus, y se han detectado cinco casos de COVID-19.
Solo 10 de los 71 centros penitenciarios dependientes de la Administración central se han visto afectados por el coronavirus, lo que supone que en el 85 % de las cárceles no se ha diagnosticado ningún caso de esta enfermedad.
Este es uno de los datos extraídos del análisis epidemiológico preliminar realizado el pasado lunes, día 27, por la Subdirección General de Coordinación de la Sanidad Penitenciaria sobre los cerca de 50.000 internos en cárceles dependientes de la Administración General del Estado.
Las prisiones españolas han registrado 52 personas con coronavirus, lo que supone una tasa de afectación de aproximadamente un 1,08 por mil internos, mientras que en la población general esta tasa se cuadruplica hasta llegar a 4,3 casos por mil habitantes.
En cuanto a los fallecimientos, las cárceles han contabilizado la muerte de dos personas recluidas, lo que sitúa la tasa de mortalidad en el 0,04 por mil internos y lo que supone diez veces menos que en la población general (0,48 por mil habitantes).
Por otro lado, de este estudio también se desprende que la tasa de hospitalización es aproximadamente siete veces inferior a la del resto de la población.
El mayor número de casos de infectados por coronavirus se ha concentrado en la Comunidad de Madrid, con casi el 80 % de los casos diagnosticados.
La mayoría de afectados se agrupan en tres centros penitenciarios: Madrid VII (Estremera), con 26 casos; Madrid V (Soto del Real), con 13 casos, y Herrera de la Mancha (Ciudad Real), con 5 casos.
Este bajo nivel de incidencia respecto a la población general es la consecuencia de las medidas tomadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, decidió cerrar las prisiones al exterior para proteger de la COVID-19 a la población reclusa, colectivo de alto riesgo, así como a los funcionarios y resto de trabajadores, según resalta Prisiones.
El 10 de marzo comenzaron a suspenderse todas las comunicaciones no ordinarias, así como la entrada del personal no penitenciario en los centros y, con la entrada en vigor estado de alarma, se cancelaron el resto de las comunicaciones y los permisos o las salidas programadas de los internos.
Para compensar, se dispuso la ampliación de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los reclusos y se estableció la gratuidad de las mismas para aquellos que no tuvieran recursos.
Una medida que se completó después con la distribución de teléfonos móviles para que los internos pudieran realizar videollamadas a sus familias y a sus abogados.
Según Instituciones Penitenciarias, a pesar de la dureza de las decisiones adoptadas, la población reclusa en general ha acogido las medidas con comprensión y apenas se han registrado incidentes relacionados con la pandemia y ninguno de gravedad ni de carácter violento.
A medida que avanzaba la crisis sanitaria, Instituciones Penitenciarias ha ido reforzado sus equipos sanitarios con la incorporación de 5 médicos contratados por la compañía Iberdrola.
Además, este martes se incorporaron otros seis facultativos interinos a las prisiones de Daroca, La Moraleja, Murcia II, Ocaña I, Puerto II y Valencia, y está previsto que en algo más de un mes puedan incorporarse los 40 sanitarios del proceso selectivo publicado el pasado 25 de marzo.
En cuanto a los equipos de protección, ya se han distribuido por los centros penitenciarios 325.500 mascarillas quirúrgicas, 68.100 mascarillas FFP2, 2.000 mascarillas FFP3, 10.000 batas o buzos, 104.000 guantes y 12.800 botes de gel hidroalcohólico.
Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos del Ejercito han procedido a la desinfección de la casi totalidad de las prisiones dependientes de la Administración General del Estado.
