La Fiscalía actuará para evitar que se repitan las sentencias sobre las niñas gitanas

La Fiscalía General del Estado ha mostrado su preocupación por las decisiones judiciales sobre violencia sexual contra niñas que tienen en cuenta la “cultura gitana” para absolver o atenuar penas y está estudiando “propuestas que eviten que sentencias como estas vuelvan a repetirse”.

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y su unidad están estudiando “en profundidad” las sentencias de las audiencias provinciales de Ciudad Real y León, han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado.

También están analizando la normativa existentes para “hacer propuestas que eviten que sentencias como estas vuelvan a repetirse”. Peramato y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, abordaron unas sentencias que “suscitan una enorme preocupación, no solo en el Ministerio de Igualdad, sino también en la Fiscalía”.

Las mismas fuentes han incidido en que la unidad especializada de Violencia sobre la Mujer “vela siempre por las víctimas” y desde ese punto de partida está analizando las sentencias que se han conocido esta semana.

En primer lugar, la Audiencia Provincial de León esgrimía la cultura gitana para atenuar la pena a un hombre que dejó embarazada tres veces a una niña entre los 12 y los 15 años y contra la que perpetró violencia de género.

En una segunda sentencia, la Audiencia Provincial de Ciudad Real consideraba también la cultura gitana para dictar una sentencia absolutoria de un hombre de 20 años que dejó embarazada de gemelos a una niña de 12.

"SESGO MACHISTA Y RACISTA"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que las dos sentencias tienen un "sesgo machista y racista de fondo" y "falta de sensibilidad", desprotegen a las menores y "mandan un mensaje tremendamente peligroso" al tener en cuenta la procedencia y la etnia de estas niñas.

Redondo ha criticado que las sentencias "no son ejemplares" desde el punto de vista jurídico, pues "vulneran la jurisprudencia del Tribunal Supremo, vulneran los tratados internacionales suscritos por España y no tienen una interpretación sistemática acorde con la defensa y protección de los derechos del menor", ha explicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en el Ministerio.

La titular de Igualdad ha trasladado su preocupación a la Fiscalía General del Estado, en concreto a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, con el objetivo de analizar si estas sentencias se pueden recurrir.

"Nos preocupa enormemente: una niña, sea gitana o no lo sea, tenga la procedencia que tenga, no puede estar menos protegida que cualquier menor", ha aseverado.

Redondo ha precisado que los supuestos de ambas sentencias no cumplen los requisitos para aplicar el artículo 183 del Código Penal (que permite considerar el consentimiento libre para las relaciones sexuales por debajo de los 16 años cuando hay una cercanía de edad y una proximidad de desarrollo psicológico).

"Esa cláusula está pensada para casos muy excepcionales en los que una pareja decide vivir su amor, pero hay una jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo que establece que los elementos del tipo no se pueden interpretar por analogía, tienen que ser muy estrictos", ha subrayado.

"En la sentencia de León es imposible, si esta niña está viviendo en un ambiente violento como se dice en la sentencia, es evidente que no hay consentimiento libre. (...) Desde una interpretación estricta de la norma creo que hay un error de interpretación", ha incidido.

En cuanto a la sentencia de Ciudad Real, absolutoria, ha señalado que hay "una diferencia muy importante de edad". "Son niñas muy pequeñas que están siendo sometidas a una situación muy dura y muy difícil", ha continuado.

Además, la ministra ha sostenido que ambos pronunciamientos judiciales no tienen en cuenta el Convenio de Estambul, de obligado cumplimiento en España, "que prohíbe absolutamente tener en cuenta la etnia, la raza de las menores para dictar sentencia".

Por último, Redondo ha lamentado que tampoco se haya tenido en cuenta "una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico": "No se puede aislar el artículo 183 de todo lo que es una protección global de los menores", ha concluido.