La Policía Nacional de Ciudad Real ha levantado tres actas por tres casos de intrusismo en la seguridad privada en tres locales de ocio, en los que se han cometido infracciones de la Ley de Seguridad Privada, catalogadas como muy graves en esta normativa.
Las infracciones han sido detectadas en el marco del plan provincial de inspección y control, que periódicamente realiza la Unidad Territorial de Seguridad Privada, y cuya cuantía oscila entre 20.001 y 100.000 euros para el propietario del establecimiento, y entre 6.001 y 30.000 euros a los supuestos porteros o vigilantes de seguridad, ha informado este martes en una nota de prensa la Policía Nacional.
Asimismo, ha detallado que una de las actuaciones se pudo realizar gracias a la colaboración ciudadana y la información recabada en redes sociales, que permitió obtener datos del personal que ejercía labores de seguridad privada sin la habilitación correspondiente.
Este personal vestía ropa del sector de la seguridad rotulada como "security-control" y uno de ellos portaba una defensa extensible, por lo que fue sancionado de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
Además, este local de ocio carecía de las autorizaciones para disponer los servicios de seguridad privada.
La Policía Nacional ha recordado que, a través de las Unidades especializadas de Seguridad Privada, ejerce la competencia exclusiva en el control del personal, entidades y servicios privados de seguridad, así como su vigilancia e investigación.
En el desarrollo de estas funciones, el pasado año se hicieron 133 inspecciones a empresas, establecimientos y personal que prestan servicios de seguridad en la provincia de Ciudad Real, que tenían entre sus objetivos detectar el intrusismo en este sector.
Fruto de esas inspecciones se levantó acta por infracción muy grave a un servicio de seguridad que ofrecía su propio sistema de conexión a central de alarmas sin los permisos reglamentarios.
Se trata de un caso de intrusismo en el ámbito de la seguridad privada, en el que un empresario utilizaba su propia red informática para la gestión de una supuesta central receptora de alarmas para las instalaciones de seguridad en domicilios y empresas que previamente habían instalado a sus clientes, quienes en su mayoría desconocían la no legitimidad del servicio, ha apuntado la Policía Nacional.
