La Agencia Tributaria ha frustrado el intento de exportación de un camión antidisturbios que iba a ser enviado desde el puerto de Valencia a Macao (China) sin contar con la preceptiva autorización de la Secretaría de Estado de Comercio sobre material de defensa y doble uso.
La operación, denominada Cascada, se inició el pasado día 25 de mayo tras la presentación ante la Aduana de Valencia de la declaración de exportación de un camión que, según todos los indicios obtenidos de la revisión exterior e interior del mismo, podría tratarse de un vehículo antidisturbios.
A la declaración de exportación no se acompañaba la autorización de la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, por lo que, a la vista de los indicios existentes, se solicitó de esta Subdirección la emisión de un informe que determinase la existencia de la obligación de presentarla.
Una vez confirmada dicha obligación, se analizaron las exportaciones precedentes de la sociedad investigada, con sede en Ciudad Real y dedicada al blindaje de vehículos.
El objetivo de los investigadores era determinar si en alguno de los envíos anteriores que hubiese realizado la empresa también tendría que haber contado con una autorización previa de exportación por parte de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso.
Tras examinar cientos de exportaciones se pudo identificar una gran cantidad de vehículos blindados que podrían haber tenido que someterse a esta autorización previa, lo que llevó a solicitar al Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, que lleva la causa, autorización para la entrada y registro del domicilio social de la empresa, del que se ha obtenido abundante documentación, actualmente pendiente de análisis.
El registro del domicilio social de la empresa contó con la participación de funcionarios de las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, así como con un equipo de la Unidad de Auditoría Informática.
Una de las funciones clave de la Aduana española es la de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos de la Unión Europea, así como el cumplimiento de la normativa aduanera y de los compromisos internacionales suscritos, tanto por España con la Unión Europea, como por la UE con terceros países.
Entre estos compromisos se encuentra la protección de los ciudadanos que se recoge en la Ley de Represión del Contrabando, mediante la prohibición de exportación de productos o tecnología del denominado ‘doble uso’. En esta materia la legislación se caracteriza por una continua evolución de las directrices comunitarias y, en particular, de las listas de productos, materiales y tecnologías objeto de control que se aprueban en los distintos foros internacionales de los que España es parte.
