Los procuradores vuelven a protestar contra proyecto ley ministerio

Los procuradores de la provincia de Ciudad Real volvieron a protestar contra el Proyecto de Ley de Servicio Profesionales impulsado por el Ministerio de Justicia para la liberalización de los Colegios Profesionales

Imagen de una de las concentraciones llevadas a cabo por los procuradores de la provincia de Ciudad Real
photo_camera Imagen de una de las concentraciones llevadas a cabo por los procuradores de la provincia de Ciudad Real

Los procuradores de la provincia de Ciudad Real volvieron a protestar contra el Proyecto de Ley de Servicio Profesionales impulsado por el Ministerio de Justicia para la liberalización de los Colegios Profesionales.

En esta ocasión se sumaron a la protesta ante los juzgados de las correspondientes localidades los procuradores de Daimiel, Puertollano y Almagro, además de los de Ciudad Real.

El Proyecto de Ley de Servicio Profesionales que pretende aprobar el Gobierno provocó una "indignación generalizada" de los procuradores, cuyas protestas vienen sucediéndose semana tras semana, según afirman los afectados.

El Colegio de Procuradores de Ciudad Real consideró que de aprobarse el texto acabaría con la especialización profesional, provocaría el caos de la Administración de Justicia y un gasto que deberían asumir los ciudadanos.

Para este colectivo, "sería un daño irreparable para el sistema judicial español".

El Proyecto de Ley, tal y cómo está definido, provocaría una pérdida de calidad en la justicia y se perdería la especialización y la experiencia del procurador como técnico procesalista, advirtieron.

La ley, señalaron, "vacía de contenido la función del procurador al dejar de ser incompatibles las funciones de abogado y procurador, pudiendo convertirse los abogados en representantes de la dirección letrada y a su vez de los actos de comunicación".

De esta forma, señalaron, "el sistema de notificaciones judiciales del procurador que paga la propia Procuraduría desaparecería después de una inversión de 180 millones de euros en toda España, pues habría que reformar el sistema de notificaciones para que llegaran directamente a los abogados, con el coste que ello supondría a los ciudadanos".

En definitiva, concluyeron diciendo que, esta situación provocaría una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos y un encarecimiento de la Justicia.

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