La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará a partir del lunes al exsacerdote acusado de abusar de nueve niños a los que impartía clases en el seminario diocesano, para el que el fiscal pide penas que suman 40 años de prisión.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2016, cuando el procesado abusó de los jóvenes en reiteradas ocasiones, al hacerles tocamientos en distintos lugares, tanto cuando acudían a una piscina pública, como en sus habitaciones.
El fiscal considera al acusado autor de 17 delitos de abuso sexual, por los que pide penas que suman 40 años de prisión, y además solicita la prohibición de que el exsacerdote pueda desempeñar actividades que le faciliten la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
Igualmente, demanda que participé durante cinco años en programa formativos, laborales, cultural u otro similares, así como una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores durante seis años.
El pasado mes junio, el papa Francisco firmó un decreto por el que determinó la dimisión por oficio del exsacerdote encausado y le concedió la dispensa de las obligaciones sagradas que tenía contraídas de su identidad sacerdotal.
La decisión papal se produjo por el comportamiento que ha mostrado el sacerdote a raíz de la pena que le había impuesto la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de juzgar su caso independientemente de que estaba siendo investigado por la vía penal.
Además, las instituciones eclesiásticas llevaron a cabo una investigación que concluyó con la pena canónica al sacerdote de ser recluido en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica.
Esta decisión se envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que diera su conformidad, si era o no justa de acuerdo con la gravedad de los hechos examinados, que dio conformidad a la pena.
Sin embargo, el sacerdote acusado de los abusos se negó repetidamente a comenzar a cumplir la pena que se le impuso, por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe, ante esta negativa, decidió proponerle al papa Francisco que retirara su nombramiento como sacerdote, lo que finalmente se ha producido.
El presunto caso de abusos sexuales se conoció en marzo de 2016 cuando el entonces Obispado de Ciudad Real, Antonio Algora, dio conocimiento al Vaticano y traslado a la Fiscalía.
