El Seprona de la Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntos autores de delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, y por falsedad documental, al promover la parada de la actividad de la planta que gestionaba los residuos animales Sandach Categoría 1 de toda Castilla-La Mancha por numerosas y graves irregularidades biosanitarias y medioambientales.
Esta planta corresponde básicamente a residuos que contengan cuerpos o partes de animales sospechosos de estar infectados por enfermedades y que presentan mayor riesgo de poder transmitirlas, animales sacrificados por aplicación de medidas de erradicación de enfermedades, animales de experimentación, así como productos de animales a los que se les haya administrado sustancias prohibidas o contaminantes, según informa el instituto armado.
Los agentes tuvieron contacto por primera vez con esta mercantil en agosto de 2023 como consecuencia de las quejas de los ciudadanos de Puertollano por malos olores provenientes de sus instalaciones.
Estos malos olores estuvieron en principio motivados por un incendio en una de sus máquinas, enfriadora de harinas, que en julio obligó realizar el enfriamiento manual del residuo, circunstancia por la que se propagó el hedor fuera de sus instalaciones.
En marzo del año en curso, el representante de una mercantil dedicada al transporte de este tipo de residuos Sandach Categoría 1, denunció unos impagos por los servicios prestados a la mercantil investigada y aparte llamó la atención sobre la Planta de Transformación en la que según el existían ciertos remolques retenidos y cargados durante muchos días con cadáveres en sus instalaciones, además de una cisterna para la recogida de lixiviados de los cadáveres de animales; también informó de graves irregularidades en cuanto a prácticas que se realizaban en la planta fabril como el almacenamiento irregular de grasas de origen animal.
Igualmente, se hizo alusión a la gran peligrosidad a la que se veían expuestos los trabajadores de la planta por los gases que allí se originaban por la materia orgánica en descomposición, y que han puesto en grave riesgo la vida de los trabajadores.
Por la unidad de Seprona se realizaron inmediatamente las gestiones oportunas para verificar dicha información, que resultó cierta y se procedió también a tomar muestras en el arroyo cercano llamado Bermeja, correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se estaban vertiendo directamente sin depurar lixiviados procedentes de la industria.
Las irregularidades observadas fueron muy numerosas y muy graves, tanto que eran incompatibles con que esta planta estuviese activa, tanto por falta de autorizaciones y registros oficiales, como por el riesgo biosanitario que corrían los operarios, así como el riesgo medioambiental.
Cuando la Autoridad Regional competente paralizó la actividad, la Guardia Civil realizó un seguimiento del cumplimiento de la paralización, dando como resultado que durante varias semanas los responsables de la industria hicieron caso omiso de la orden de la Consejería.
Esta mercantil era adjudicataria del servicio de recogida y gestión de este tipo de residuos de toda Castilla-La Mancha.
Se inmovilizaron miles de toneladas de material denominado "desecho", mezclas de grasas y harinas cárnicas, que se hallaban almacenadas irregularmente en diversas naves fuera del recinto de la industria, encontrándose este residuo a disposición de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.
Los atestados policiales instruidos al efecto, en los que a estas cuatro personas se les atribuyen los delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Puertollano, iniciando diligencias previas.
LA JUNTA SUSPENDIÓ LA AUTORIZACIÓN
La empresa adjudicataria del servicio de recogida y gestión de los residuos animales de Castilla-La Mancha, investigada por el Seprona, tiene dos expedientes sancionadores abiertos por parte del Gobierno regional y en suspenso la autorización.
Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, al ser preguntada respecto a la apertura de diligencias por parte del Seprona contra los responsables de Animal By Products Solutions S.L. a los que se considera autores de delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, a raíz de la gestión realizada en la planta de Puertollano.
La consejera ha señalado que son dos los expedientes sancionadores abiertos a la empresa, así como decretada la suspensión cautelar de su autorización ambiental integrada "desde hace tiempo", por lo que se encuentra sometida también a la disciplina de la normativa ambiental de Castilla-La Mancha.
Unos problemas que comenzaron en agosto de 2023, cuando se constató que esta fábrica, dedicada a la transformación de restos animales y ubicada en la antigua explotación minera de Encasur, era el origen de los malos olores que se habían extendido por la localidad ciudadrealeña.
Un mes después, y a petición del Ayuntamiento, la factoría paralizaba su actividad durante 45 días, para tratar de dar solución a los problemas de malos olores, surgidos a principios del verano tras un incendio en las instalaciones.
Una parada técnica a la que siguió otra en octubre a propuesta del Gobierno regional, la cual debía durar "el tiempo que tuviera que durar" para que se solucionaran "todos y cada uno de los problemas" que pudieran estar produciendo los insoportables olores que afectaban ya no solo a Puertollano sino a otras localidades limítrofes.
Entonces, desde el Gobierno regional se advertía que de no llegar la solución se actuaría "con todas las de la ley" en el marco de su responsabilidad.
A mediados de diciembre ABP Solutions SL retomaba su actividad a modo de pruebas para poder tomar mediciones y llevar a cabo el estudio para minimizar los olores que se le había requerido por parte de la Junta, el cual se llevaría a cabo a lo largo del mes de enero.
Sin embargo, apenas unas semanas después, ya en marzo, se presentaba ante la Guardia Civil una denuncia por parte del representante de una mercantil dedicada al transporte de este tipo de residuos a raíz de unos impagos por los servicios que había prestado. Denuncia junto a la que también informó sobre la situación en la que se encontraban las instalaciones, donde se acumulaban remolques cargados de cadáveres de animales, se almacenaban de manera irregular las grasas y los gases a los que estaban expuestos sus trabajadores.
Toda una serie de irregularidades que fueron comprobadas por el Seprona, lo que llevó a solicitar la paralización de la actividad. Una orden dictada por la Consejería de Desarrollo Sostenible y que, sin embargo, los responsables de la empresa "omitieron" durante varias semanas.
Situaciones todas ellas que han llevado a poner a disposición del Juzgado de Instrucción de Puertollano los atestados policiales instruidos al efecto, en base a los cuales se han abierto diligencias previas.
Desde el Gobierno regional han subrayado su disposición a colaborar con la Guardia Civil y con la Fiscalía de Medio Ambiente en todo lo que requieran en relación con este asunto.
