En la tarde de este viernes se ha celebrado una nueva Mesa del Agua que ha congregado a los principales colectivos interesados en la remunicipalización de la empresa Aguas de Alcázar como la Plataforma contra la privatización alcazareña y que ha contado con la presencia de los dos abogados que asesoran jurídicamente al Ayuntamiento para resolver todas las dudas que estos pudieran tener acerca del estado del proceso.
La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha señalado que "ante la duda" de que el Ayuntamiento se haya quedado "un poco escaso" en la documentación que se aportó con "relevancia" a los asuntos económicos de Aguas de Alcázar, solicitó al interventor la elaboración de un informe de viabilidad económica de la empresa adjuntado "la parte jurídica del informe que la Fundación Nueva Cultura del Agua".
Esta nueva información ha sido aportada "sin que nadie nos lo solicite", como así ha indicado la primera edil, ya que "tanto los técnicos del Ayuntamiento como yo misma entendimos que esto podía favorecer la intención de que el Consejo Consultivo diese la nulidad de pleno derecho".
Pasado este proceso, únicamente FCC Aqualia ha presentado seis alegaciones, "todas desestimadas por el Ayuntamiento por el informe de la Secretaria del Consistorio y eso es lo que se trataba de explicar hoy a los vecinos que habitualmente acuden a la Mesa del Agua".
También se ha contado con la presencia de los dos abogados del despacho que asesora jurídicamente al Ayuntamiento alcazareño con el objetivo de que todas las dudas queden resueltas, así como la Secretaría y la Intervención del Consistorio, ya que como ha manifestado Melchor, "se trata de un proceso administrativo en el que se ha firmado un contrato con una empresa que ahora hay que revertirlo sobre pilares jurídicos".
Así, los vecinos han podido consultar con los expertos juristas sus dudas acerca del proceso y su estado actualmente.
El pasado diciembre se produjo la remisión del expediente de oficio al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para que tomara una decisión sobre la anulación del pleno en el que se adjudicó la empresa Aguas de Alcázar a FCC Aqualia pasando de un modelo público a gestión mixta.
