El Juzgado de lo Social de Ciudad Real está declarando la extinción de los contratos laborales de los empleados de la Panificadora de Tomelloso, a petición suya, para que puedan inscribirse en el paro y percibir la prestación por desempleo tras meses sin trabajo efectivo y sin cobrar nada.
Así, cinco de los catorce trabajadores que han solicitado la extinción de sus contratos han recibido la sentencia favorable del juzgado, mientras que el resto están a la espera de juicio, ha informado en un comunicado el secretario de CCOO Industria de Ciudad Real, David Vera.
Además, se han solicitado 15 reclamaciones de cantidades de los empleados con contratos eventuales, ha informado Vera que hoy se ha reunido con los trabajadores afectados para informarles del desarrollo del proceso en cita a la que ha asistido también el responsable del sindicato en Ciudad Real, José Manuel Muñoz.
El pasado mes de marzo las máquinas de la Panificadora fueron precintadas por la Consejería de Sanidad y los trabajadores, aunque no podían trabajar, acudían cada día a las 5 mañana a su puesto de trabajo, donde permanecían durante toda la jornada laboral sin poder hacer nada.
Ante la imposibilidad de poder fabricar sus productos, la empresa tuvo que cerrar los despachos de venta de pan que tiene en Tomelloso y en Argamasilla de Alba, y dejó de abonar el salario a sus empleados, a los que se les debe entre cuatro y ocho meses, motivo por el cual fueron los propios trabajadores los que exigieron que al menos se les despidiera para poder cobrar el paro.
Por otro lado, el secretario provincial de CCOO Industria ha advertido de la posibilidad de que la empresa Cárnicas Madrigal, también de Tomelloso, presente un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que supondría el cierre de la factoría, que cuenta con una plantilla de 60 trabajadores, de los cuales 19 están afectados por un primer expediente y a la espera de que la empresa les pague sus liquidaciones.
Al tiempo, Vera ha exigido que se garantice unas condiciones dignas a los temporeros que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas ante la existencia de "pequeños asentamientos de trabajadores que, ante la falta de un alojamiento digno, se ven obligados a tener que pasar la noche en naves abandonadas".
En este sentido, ha denunciado que, en el caso de la campaña del ajo, "se está manipulando el producto en el campo en lugar de en una empresa con el fin de que los empresarios puedan ahorrarse costes en la afiliación de la Seguridad Social, al darlos de alta en el Régimen Especial Agrario en vez de en el General" que implica unos pagos menores de lo estipulado en el convenio colectivo.
