El presidente de la Plataforma “Si a la Tierra Viva”, Luis Manuel Ginés, no tendrá que indemnizar a Quantum Minería por un supuesto daño a la imagen de la mercantil que pretendía extraer tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real).
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado, por unanimidad, el recurso de apelación de Quantum Minería contra la sentencia de abril de 2018 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Villanueva de los Infantes en la que no ve responsabilidad del presidente de la Plataforma, ha informado el colectivo en nota de prensa.
De este modo, los tribunales han rechazado la pretensión de la mercantil de ser indemnizada por el supuesto daño a su imagen pública confirmando la absolución del responsable de la plataforma de las acusaciones vertidas por la empresa minera.
La demanda fue interpuesta por Quantum en enero de 2017, en el momento álgido de la oposición ciudadana al proyecto para extraer tierras raras en la provincia de Ciudad Real, y se basaba en las actuaciones de la plataforma que solicitó la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), para esclarecer si eran o no legales las catas realizadas en terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 sin la pertinente licencia municipal.
Además de los trabajos de exploración, la mercantil minera estaba realizando tareas de investigación en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, y en ambos casos estas actividades fueron clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad y la empresa fue sancionada.
La resolución de la Audiencia Provincial, que finalmente no ha sido recurrida por la minera, avala la postura expuesta por la abogada de la plataforma, Mari Carmen Morallón, quien desde el inicio manifestó que la denuncia ante el Seprona se circunscribía “en el ámbito de la acción penal pública que corresponde a la ciudadanía en defensa de un bien jurídico general como es el derecho al medio ambiente”.
Los proyectos de Quantum Minería fueron rechazados en octubre de 2017 por la Junta de Castilla-La Mancha por su inviabilidad ambiental y técnica, su impacto sobre los recursos hídricos y la afectación a especies en peligro de extinción como el lince ibérico.
Además, en enero de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha determinó que la Administración autonómica "actuó con criterio y a favor del interés general" dado que de haber salido adelante "el proyecto hubiera tenido consecuencias claramente perjudiciales para el entorno del Campo de Montiel".
