El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido iniciar los trámites para 25 nombramientos de cargos judiciales, al no haber avances para renovar este órgano, entre ellos las presidencias de las audiencias provinciales de Ciudad Real, Almería, Baleares, Cáceres, Cantabria, Granada, León, Navarra y Salamanca.
El CPGJ ha adoptado esta decisión tras comprobar que no hay avances en las negociaciones entre las principales fuerzas parlamentarias para renovar este órgano, en funciones desde diciembre de 2018.
El pasado 16 de enero decidió paralizar los nombramientos "en la confianza de una pronta renovación de la institución" y señaló que los volvería a poner en marcha si "en un tiempo prudencial no se constaban avances", recuerda en un comunicado.
Este jueves, por mayoría y con el voto en contra de dos vocales elegidos en su día a propuesta del PP, la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha decidido elevar al pleno las bases que regirán el proceso de nombramiento de 25 cargos.
Entre ellos están las presidencias de las salas tercera, cuarta y quinta del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia de Cantabria, Baleares y el País Vasco.
Cuando el pleno apruebe esas bases y se levante la suspensión de los plazos administrativos vigente en el estado de alarma se irán publicando las distintas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado, explica el CGPJ.
Entre ellas habrá también una plaza de magistrado en la sala cuarta del Supremo, correspondiente al turno de especialistas; nueve presidencias de salas de distintos tribunales superiores de justicia;
El Consejo recuerda además que cuando en enero decidió dejar en suspenso los nombramientos había cinco plazas ya convocadas: tres de magistrado en la sala de lo penal del Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.
Los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya han votado en contra del acuerdo adoptado hoy por la comisión permanente y han anunciado que presentarán un voto particular.
Al iniciar su mandato, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo,se mostró optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ, a pesar de que los populares advirtieron de que el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado había erosionado las posibilidades de consenso.
Ningún contacto derivó en acuerdos concretos antes del estado de alarma, que ha abierto un nuevo frente entre populares y socialistas y no augura una rápida negociación para elegir a los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces.
