Investigado el dueño de un desguace de Alcázar de San Juan por graves delitos

La Guardia Civil ha investigado al propietario de un desguace ubicado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por su presunta implicación en delitos continuados de falsificación de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras detectar que certificaba de forma fraudulenta la descontaminación de vehículos al final de su vida útil y no gestionaba adecuadamente residuos peligrosos.

La actuación se enmarca en la denominada operación ‘Fulcat’, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, que detectó que el establecimiento operaba irregularmente en el término municipal alcazareño.

Durante una inspección rutinaria realizada en octubre de 2025, los agentes del Seprona hallaron graves irregularidades en las instalaciones del desguace. Ante la magnitud de los hechos y la gran cantidad de vehículos almacenados, se programó una segunda inspección conjunta con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. En esta nueva actuación se confirmaron numerosas deficiencias en la gestión de vehículos fuera de uso.

Certificados falsos y vehículos sin descontaminar

La investigación posterior permitió constatar que el titular de la empresa certificaba la descontaminación de los vehículos cuando, en realidad, estos eran acumulados sin procesar en una zona sin autorización administrativa, permiso que había sido previamente denegado por su proximidad a un humedal protegido declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Esta actividad provocaba el deterioro de los automóviles almacenados a la intemperie, con el consiguiente vertido de residuos peligrosos directamente sobre el terreno, incrementando el riesgo de contaminación del suelo y del entorno natural.

Asimismo, los agentes comprobaron que los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado no eran extraídos ni reciclados conforme a la normativa, liberándose en algunos casos directamente a la atmósfera.

Estas emisiones están clasificadas como residuos peligrosos debido a su alto potencial de efecto invernadero, ya que dañan gravemente la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global. La legislación vigente exige un protocolo estricto para su recuperación y tratamiento.

Posible impacto ambiental y competencia desleal

Además de vulnerar la normativa medioambiental, estas prácticas podrían haber generado una situación de competencia desleal frente a otros gestores de residuos y desguaces que sí cumplen con las obligaciones legales en la gestión de vehículos al final de su vida útil.

Para determinar el alcance exacto de los hechos, la Unidad Técnica de la Jefatura del Seprona está elaborando un informe pericial que estimará las cantidades y el impacto ambiental ocasionado, incluyendo las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Las diligencias policiales ya han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.