El hombre que irrumpió este lunes por la tarde en el Centro de Salud de La Solana (Ciudad Real) con una carabina de aire comprimido amenazando a los sanitarios ha quedado en libertad con cargos como presunto autor de un delito de "amenazas".
Según han confirmado a Efe fuentes judiciales el hombre ha sido puesto en libertad después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción 1 de Manzanares le tomara declaración por el incidente.
La jueza ha ordenado la incautación de la carabina y cualquier otra arma que pudiera tener y ha decidido, como medida cautelar, prohibirle el uso y tenencia de armas, incluyendo, las que no necesitan permiso o licencia.
El hombre, vecino de La Solana, de entre 57 y 59 años estaba enfadado porque "no le facilitaban la medicación que necesitaba para su tratamiento ni en el centro de salud ni en la farmacia", según han precisado a Efe fuentes de la Guardia Civil.
Las mismas fuentes han precisado que el detenido "no desenfundó en ningún momento" la carabina con la que accedió al centro sanitario sobre las 19:17 horas de este lunes, 26 de diciembre.
"UN HECHO PUNTUAL Y AISLADO"
Por su parte, el alcalde de La Solana, Luis Díaz-Cacho, ha lamentado el incidente que tuvo lugar este lunes en el Centro de Salud de esta localidad ciudadrealeña y ha subrayado que fue "un hecho puntual y aislado cometido por una persona enferma de esquizofrenia".
El regidor municipal ha recordado que el hombre que irrumpió en el Centro sanitario con una "escopetilla" de aire comprimido "ni siquiera la desenfundó", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
En cualquier caso, Díaz-Cacho ha pedido calma a los vecinos y a la sociedad en general porque "se había creado cierta tensión al relacionar este episodio con el que acabó hace un mes con la vida del director de una sucursal de La Caixa", en este mismo municipio.
El alcalde solanero ha hecho estas declaraciones durante la concentración que ha tenido lugar en la puerta principal del centro sanitario para condenar el incidente y en la que sus trabajadores han pedido un servicio de vigilancia y seguridad para evitar agresiones físicas o verbales y erradicar actos vandálicos contra el edificio.
