Denuncian la "grave precariedad" del juzgado de violencia de Ciudad Real

Los trabajadores del Área Penal del Tribunal de Instancia de Ciudad Real han presentado una queja formal ante la Junta de Personal por la situación que califican de “insostenible” y de “grave precariedad” del nuevo órgano Comarcal de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital ciudadrealeña y competencia sobre los partidos judiciales de Almagro (Ciudad Real), Ciudad Real, Puertollano (Ciudad Real) y Valdepeñas (Ciudad Real). Los funcionarios denuncian que el servicio ha comenzado a funcionar sin una plantilla orgánica propia y que la falta de planificación del Ministerio de Justicia está comprometiendo la atención a víctimas de violencia de género.

Según explican en un comunicado, este órgano judicial, cuya materia consideran de “sensibilidad extrema”, ha iniciado su actividad sin contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) definida ni con personal asignado de forma estable.

Para suplir esta carencia, los trabajadores denuncian que el Ministerio de Justicia “ha impuesto turnos rotatorios obligatorios entre el personal de otras áreas penales”. A su juicio, esta medida está “desmantelando” la organización de los servicios comunes de origen y perjudica gravemente la continuidad de los procedimientos judiciales que ya se estaban tramitando en dichos departamentos.

Turnos forzosos y falta de formación específica

En el escrito trasladado a la Junta de Personal, los firmantes aseguran que el órgano comarcal funciona sin puestos de trabajo definidos, lo que obliga al personal de otras áreas a cubrir el servicio mediante turnos rotatorios forzosos.

Advierten además de que la mayoría de los funcionarios obligados a asumir estos turnos “no tienen experiencia previa en Violencia de Género ni han recibido la formación necesaria para asistir a víctimas vulnerables”. Esta circunstancia, subrayan, afecta directamente a la calidad del servicio y a la adecuada atención a mujeres que atraviesan situaciones especialmente delicadas.

Los trabajadores sostienen que la falta de planificación por parte del Ministerio está comprometiendo un servicio que consideran esencial y de especial sensibilidad social, como es la atención judicial a víctimas de violencia machista.

Volumen de expedientes “imposible de gestionar”

Otro de los aspectos que destacan en su queja son las cifras de actividad registradas en las primeras semanas de funcionamiento del órgano. Según señalan, “las estadísticas del primer mes y medio de funcionamiento reflejan un volumen de expedientes imposible de gestionar con los medios actuales”.

Este elevado número de asuntos, unido a la ausencia de una plantilla estable y formada, estaría generando —según denuncian— una sobrecarga de trabajo que repercute tanto en los propios empleados públicos como en la tramitación ágil de los procedimientos judiciales.

Los firmantes del escrito manifiestan un sentimiento generalizado de desprotección y reclaman de manera urgente la creación inmediata de una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) específica para el órgano comarcal, así como la dotación de una plantilla propia, fija y estable.

Además, solicitan la incorporación de personal de refuerzo y la puesta en marcha de planes de formación técnica y de asistencia a víctimas dirigidos al personal que sea asignado al juzgado de violencia sobre la mujer.

“La lucha contra la violencia de género no puede basarse en la precariedad”

El colectivo subraya que, aunque la lucha contra la violencia de género es una prioridad social indiscutible, “esta no puede recaer sobre la precariedad laboral y el esfuerzo personal de los trabajadores” ni sobre la “improvisación”.

Por todo ello, instan al Ministerio de Justicia a adoptar una solución urgente que garantice tanto unas condiciones laborales adecuadas para los funcionarios como la calidad del servicio público de justicia en la provincia de Ciudad Real, especialmente en un ámbito tan sensible como la protección judicial de las víctimas de violencia de género.