Las movilizaciones y manifestaciones que se sucedieron en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en febrero y marzo de 2014 por la gestión del agua de este municipio ciudadrealeño se saldaron con 18 expedientes sancionadores, de los cuales cinco de ellos han sido suspendidos por incoarse expediente judicial.
Así lo ha explicado el Ejecutivo en una respuesta, a la ha tenido acceso a Europa Press, a una pregunta de la diputada socialista por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, formulada en el Congreso de los Diputados, el pasado 12 de marzo.
La diputada socialista planteaba diversas cuestiones relacionadas con estas protestas como los expedientes sancionadores que se abrieron, la justificación de los mismos o la incompatibilidad de cargos que ostenta el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador.
Estos expedientes se inician por infracción al artículo 23 c) de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana en Castilla-La Mancha, que se refiere a la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones que deben ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo.
En este texto se explica que cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas. Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario.
Sancionados y cuantías
Las sanciones han sido aplicadas a los organizadores de las concentraciones en Alcázar de San Juan, de acuerdo con el atestado policial recibido por la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, "atendiendo solo a criterios legales, no siendo eximente del cumplimiento de la ley la militancia en partido político alguno, ni la ostentación de cargo público".
La cuantía de las sanciones se aplica en base a criterios de proporcionalidad del acto sancionable entre los 301 y 3.000 euros por sanción.
Labrador no filtró documentos
La diputada socialista preguntaba al Ejecutivo central si Jesús Labrador "ha filtrado a la prensa la apertura de este expediente sancionador a un concejal socialista" en referencia al exalcalde José Fernando Sánchez Bódalo, el Gobierno ha respondido que Labrador filtrara documento alguno.
Asimismo, y en relación a la incompatibilidad del cargo como delegado del Gobierno y encargado de acción electoral del PP planteada por la diputada socialista, el Gobierno argumenta que no se prevé incompatibilidad entre el cargo del Delegado del Gobierno con ningún puesto de responsabilidad en un partido político, según la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Asimismo, el Ejecutivo central enumera varios cargos socialistas que desempeñaron cargos como delegados del Gobierno y lo simultanearon con puestos de responsabilidad política en el PSOE.
