La concejal responsable de Asuntos Juridicos en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Amparo Bremard, ha asegurado estar en posesión de "pruebas que demuestran que el Bufete Marín no hizo lo que le pidió el actual equipo de Gobierno" en su defensa por el caso de Aguas de Alcazar.
Así lo ha asegurado en el pleno municipal en respuesta a una pregunta del Grupo Popular al respecto, al que se ha comprometido a facilitar toda esta información una vez que finalice el proceso.
La edil ha afirmado que el despacho de abogados "no sólo actuó contra las órdenes del equipo de Gobierno en el procedimiento que ha saltado a la opinión pública, sino en todos los relacionados con Aguas de Alcázar".
Esta concejal llegó a presentar su dimisión, no aceptada por la alcaldesa, Rosa Melchor, cuando este despacho de abogados, contratado por el anterior equipo de Gobierno, actuó en el procedimiento abierto relacionado con la privatización de Aguas de Alcázar persuntamente a espaldas del Consistorio.
En relación a la pregunta del Partido Popular ha explicado que el 16 de julio, tras la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno, mantuvo una reunión con el bufete "en la que quedó clara la posición de la nueva corporación, diametralmente opuesta a la anterior, en especial en el tema de Aguas".
"Se les dijo que no estábamos a favor de la privatización, ni de los métodos empleados en el proceso", ha aclarado. En este sentido, ha señalado que los abogados "conocían de sobra esta postura por los medios de comunicación" y porque la nueva alcaldesa, Rosa Melchor, "encabezaba la parte demandante" en algunas de las demandas judiciales. No obstante, la finalidad de esta reunión "era dejarlo más claro, por si había alguna duda".
El procedimiento se inició contra el Pleno de adjudicación de la gestión a Aqualia de la empresa de Aguas, sobre lo que Bremard ha indicado que el Jefe de Servicios Jurídicos comunicó al bufete la decisión del equipo de Gobierno de "no personarse" ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por el recurso interpuesto por los anteriores gobernantes contra la sentencia que anuló el citado Pleno y los acuerdos tomados en él.
La comunicación se realizaba en el mes de julio y, en septiembre, al no tener noticias de los abogados, la Concejalía se puso en contacto con el TSJCM "que nos dijo que sí estábamos personados". "La abogada del despacho había actuado en contra de nuestras directrices y tenemos pruebas".
