Un grupo de los bomberos del Consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (SCIS), acompañados de sus familias, se han concentrado este jueves para pedir una salida laboral si finalmente son despedidos al incorporarse los compañeros seleccionados en la Oferta Pública de Empleo.
Los concentrados, acompañados por la delegada de CSIF en Diputación y vicepresidenta del sindicato, María ángeles Ruiz, han leído un comunicado para denunciar la situación, que afecta a 37 bomberos, la mayoría con una antigüedad de 20 años, que pueden ser despedidos mañana y "a la carta", con coste para las arcas provinciales de 900.000 euros y mientras existen vacantes en este servicio.
Los bomberos han sido muy críticos con el sindicato CCOO por estar permitiendo que se realicen horas extra que suponen casi un millón de euros, mientras hay una bolsa que no se utiliza.
También han criticado a la diputada socialista Blanca Fernández por "mentir" diciendo que estaban estudiando una salida y no recurrir la sentencia de la oferta de empleo de 2015.
También han acusado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, de falta de "preocupación en un conflicto de esta gravedad".
El sindicato CSIF ha pedido que "cuando una plaza desempeñada por personal laboral indefinido sea ocupada por su titular, no comporte la extinción de la relación laboral" y se busque una reubicación.
CSIF estima que queda un número de plazas vacantes y presupuestadas suficiente dentro de la plantilla para acoger al personal laboral indefinido que podría ser despedido.
Por su parte, el Consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real ha emitido un comunicado en el que asegura que al amparo de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real, seguirá adoptando las decisiones que procedan para cumplir la sentencia por la que se le ordenó la convocatoria de la Oferta de Empleo Pública 2015 para cubrir 37 plazas de bombero y 1 auxiliar administrativo.
Ha apuntado que en la fase en la que se encuentra el proceso ninguna presión y ninguna coacción de las que se desprenden en las convocatorias de rueda de prensa de la Plataforma de Bomberos evitarán que el Consorcio cumpla con su responsabilidad.
Además, ha recordado que "instar a la prevaricación, como se está haciendo de forma permanente por la Plataforma de Bomberos, está tipificado por las leyes de este país como un delito".
En este sentido, la dirección del SCIS ha anunciado que estudiará, y así lo hará llegar a todos los miembros del Consejo de Administración, el inicio de acciones judiciales contra aquellos que, "basándose en la mentira y la falsedad, pretenden coaccionar y amenazar a los miembros de dicho Consejo para que no se ejecute lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia.
