El Ayuntamiento de Puertollano deberá pagar alrededor de siete millones de euros a un vecino en relación con unos terrenos expropiados frente al cementerio municipal y que iba a destinarse a un parque público.
El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que el Consistorio presentó en octubre de 2013 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, a su vez, anulaba el justiprecio que el Jurado Regional de Valoraciones fijó en 2008 por los citados terrenos.
El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Efe, se dictó el pasado 13 de julio.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fijó el justiprecio del terreno en 5,5 millones de euros más los intereses legales, lo que podría rondar los siete millones de euros.
José Antonio Rodríguez Arias, vecino de Puertollano, denunció en 2008 al Consistorio por considerar injusto el precio que se le pretendía abonar por unos terrenos que él consideraba que tenían una calificación superior a la estipulada por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Puertollano expropió los citados terrenos hace siete años con destino al proyecto 'Parque de las Energías', que no se ha materializado.
El Consistorio también interpuso un recurso con la resolución del Jurado Regional de Valoraciones en 2008, aunque no se admitió por presentarse fuera de tiempo.
"UN JARRRO DE AGUA FRÍA"
Por su parte, la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, ha calificado como "un jarro de agua fría" la sentencia, aunque ha señalado que la "respeta y acata".
Fernández ha dicho que respeta y acata la decisión del juez aunque ha asegurado que es "desproporcionada" la valoración que se hace de los terrenos.
Ha dicho que la cantidad fijada -5,5 millones de euros más los intereses, en total unos siete millones- la afrontarán "con responsabilidad, para que no afecte al resto de servicios de los ciudadanos".
La alcaldesa ha explicado que la primera valoración que se hizo por estos terrenos, en 2002, fue de 750.000 euros que fueron pagados a su propietario, quien consideró tenían un mayor valor e inició un proceso judicial que ha concluido con la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso.
Ha eximido de toda responsabilidad al actual equipo de gobierno y a los anteriores de otras corporaciones porque ha dicho que este asunto no tiene ninguna vinculación con decisiones políticas, y ha precisado que no es la primera vez que se da una "valoración desmedida" sobre unos terrenos que no van a ser productivos.
Por su parte, el grupo político municipal de Ciudadanos ha considerado "inadmisible" que el equipo de gobierno del PSOE no haya informado antes de una sentencia fechada el 13 de julio.
En un comunicado, Ciudadanos ha instado al equipo de gobierno a "iniciar inmediatamente un proceso de investigación, transparente y público, sobre cómo se ha llegado a esta situación, depurando las responsabilidades" oportunas, ya sean funcionarios o políticos, tanto por incompetencia, desidia o prepotencia.
Asimismo, el grupo municipal del PP ha criticado en un comunicado la omisión que ha hecho el PSOE sobre este asunto "del que nos hemos enterado por los medios de comunicación y del que ya veremos de dónde y cómo va pagar el Ayuntamiento los siete millones de euros".
En el mismo sentido, el grupo municipal de IU ha pedido que se depuren las responsabilidades "técnicas y políticas" que han llevado al Ayuntamiento a tener que abonar esta cantidad "desorbitada" de dinero.
