Archivada querella contra la alcaldesa de Alcázar de San Juan por supuesto acoso laboral

El Ayuntamiento ha explicado que el auto con el que se archiva definitivamente la causa corrobora la resolución dictada por el juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número 3 de Alcázar de San Juan

La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Rosa Melchor, en rueda de prensa en el Consistorio
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La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado el recurso presentado por el exsecretario municipal, César López, contra la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y la secretaria accidental del Ayuntamiento por presunto acoso laboral y prevaricación administrativa.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que el auto con el que se archiva definitivamente la causa corrobora la resolución dictada por el juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número 3 de Alcázar de San Juan al no encontrar indicios constitutivos de infracción penal, según se dio a conocer el pasado mes de febrero.

El auto de la Audiencia Provincial aclara que al apelante no se le denegó la adscripción de personal y que desempeñó sus funciones durante un mes escaso, con lo que "es correcto concluir que no concurren serios indicios que justifiquen la continuación de la instrucción" y considera que los motivos aludidos por el querellante "son insuficientes para llenar las exigencias de tipo penal".

Asimismo, considera que no se han encontrado la comisión de actos graves, hostiles y humillantes de forma reiterada que pudieran tipificarse como acoso laboral.

En cuanto a la acusación de presunta prevaricación administrativa, la juez de la Audiencia Provincial ratifica igualmente la resolución del juzgado alcazareño, que entendía que la "retirada del complemento de productividad no se realizó de forma arbitraria", ya que la aplicación de este complemento no se aplica en el momento de la incorporación al puesto.

El querellante también denunciaba el nombramiento de la actual secretaria accidental que, igualmente, el juez entendió que "no fue una decisión arbitraria" ya que fue realizada por la IX Corporación municipal y contó con el respaldo de la Junta de Castilla-La Mancha.

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