Anuncian reuniones para tratar situación de San Martín de Porres y ocupaciones

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha acogido este lunes una reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar el problema de la ocupación ilegal en la capital, después de sucesos como los acaecidos en la casa ocupada del parque de Gasset hace un par de semanas.

La seguridad ciudadana es un tema que preocupa a los vecinos, y así ha quedado demostrado en las asambleas vecinales donde han tenido la oportunidad de trasladar esa sensación creciente de incertidumbre al equipo de Gobierno, según ha reconocido hoy el portavoz, Guillermo Arroyo, "que proviene no sólo de las ocupaciones ilegales sino también de varios casos de atracos en las viviendas de Ciudad Real".

"Es un problema que afecta a toda España y también a Ciudad Real", ha subrayado, para agregar que "es una cuestión que preocupa al Ayuntamiento y también nos ocupa", ha insistido Arroyo, "por eso, a pesar de no ser una competencia propia del Ayuntamiento de Ciudad Real, queremos con lealtad institucional ser los coordinadores de todas las administraciones competentes de cara a tratar las posibles soluciones".

El portavoz del equipo de Gobierno ha señalado que el Ayuntamiento convocará "cuantas Juntas Locales de Seguridad sean necesarias siempre y cuando sean con lealtad, coordinación y para tratar de solucionar este problema creciente no sólo en España, sino que también está afectando a nuestro municipio".

El Ayuntamiento de Ciudad Real convocará para este jueves próximo una nueva Junta Local de Seguridad. Así lo ha avanzado, Guillermo Arroyo, quien ha anunciado la convocatoria para este mismo jueves de una nueva sesión con carácter extraordinario para tratar la situación de la barriada de San Martín de Porres.

La decisión de no incluir este asunto en el orden del día de este lunes, tal y como había solicitado el subdelegado, la ha explicado el propio Arroyo.

"Entendemos que hay que trabajar con lealtad y con coordinación, y teniendo en cuenta que en esa zona existen otras administraciones competentes como son la Junta de Comunidades, Fomento o Servicios Sociales, tienen que estar convocados también para esa Junta Local de Seguridad", ha señalado.

No debe convertirse "en una Cañada Real"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha advertido este lunes de que el barrio de San Martín de Porres de la capital "no debe convertirse en una Cañada Real" y ha defendido que las administraciones "tienen que abordar la situación con responsabilidad, colaboración y sin ruido".

Broceño, a preguntas de los periodistas, ha negado que haya existido un conflicto entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha asegurado que "no ha habido ningún problema" y que la Subdelegación simplemente ha trasladado al Consistorio un informe que la Policía Nacional ha remitido hace cuatro meses tras una operación en el barrio.

En aquel dispositivo, los agentes han constatado no solo problemas de seguridad, sino también construcciones ilegales, viviendas en estado "desolador" y aparición de nuevas chabolas, y ha explicado que la Policía consideró necesario elevar la situación al Ayuntamiento porque eso es "lo leal y lo que marca la Ley 40/2015", que obliga a la cooperación institucional.

El subdelegado ha señalado que durante los últimos cuatro meses el Ayuntamiento no ha contactado con la Subdelegación para coordinar actuaciones y que, en cambio, ha acudido en distintas ocasiones a los medios de comunicación para hablar de seguridad, ante lo que ha manifestado que "no ha sido la mejor práctica; lo que debemos hacer es colaborar y actuar con lealtad".

Sobre las ocupaciones, ha defendido que en Ciudad Real "han sido mínimas" y que no se pueden vincular a un aumento de delincuencia, ya que la provincia "se ha mantenido como una de las más seguras de España".

El subdelegado ha declarado que no quieren que "a dos minutos del centro se forme un gueto", y ha insistido en que la Policía Nacional ha trabajado de manera continuada en el barrio.

Respecto a las edificaciones en ruinas, ha indicado que ahora corresponde a los técnicos municipales "determinar con responsabilidad" qué actuaciones deben adoptarse, incluida la posible demolición, y ha replicado, a preguntas de los medios, que en el barrio existen viviendas propiedad de la Junta de Comunidades, que ha conocido igualmente la situación.

Finalmente, ha confiado en que la reunión de este lunes sirva para reconducir la coordinación entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

En otro orden, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la concesión de una subvención nominativa de 20.000 euros a la Asociación provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ciudad Real (Afacr) como ayuda para la financiación de los múltiples servicios que prestan a los afectados y a sus familias.

El portavoz del equipo de Gobierno municipalha explicado que el presupuesto municipal de 2025 ya recogía la cuantía económica como una de las novedades incluidas este año en las cuentas públicas.

Arroyo ha subrayado que la aportación del consistorio vendrá a apoyar al colectivo en la prestación de los numerosos servicios de estimulación cognitiva, rehabilitación funcional, atención médica, psicosocial y de enfermería y manutención que llevan a cabo a lo largo de todo el año.

Además, y como respuesta a las peticiones que se han realizado en algunas de las asambleas vecinales celebradas, también se ha aprobado el proyecto para dotar de iluminación un pequeño tramo existente entre la avenida de los Reyes Católicos y la calle Argamasilla de Alba. El importe de esta nueva actuación está valorado en 27.000 euros, IVA incluido.

Por último, entre los acuerdos de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local destaca la aprobación de 20.000 euros destinados a 20 cheques bebé.

El portavoz municipal ha recordado que el importe de cada uno de los cheques bebé se aumentó desde 750 a 1.000 euros y ha avanzado que se están analizando las condiciones que regulan actualmente su concesión para valorar "abrir un poco más el abanico para todas las familias".