Anulada la declaración de riesgo de la masa de agua del Campo de Calatrava

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha dado la razón a los regantes y usuarios de la masa de agua del Campo de Calatrava al anular su declaración de estar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, como obliga el Plan del Guadiana.

Los efectos de la sentencia alcanzan a un gran número de regantes, en concreto a todos los comprendidos en los 2.022 kilómetros cuadrados que, dentro de la provincia de Ciudad Real, ocupa la masa declarada en riesgo por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

El despacho ciudadrealeño Cobo Serrano Abogados, que representa a los regantes y usuarios, ha conseguido esta sentencia judicial, dictada con fecha del 30 de septiembre, en contra de la actuación seguida por la CHG.

Según ha informado el despacho de abogados, el fallo es relevante porque "rechaza la irregular forma de actuar de la CHG" y, a su vez, tiene efectos que alcanzan a un gran número de regantes.

De esta manera, los efectos restrictivos de la declaración de riesgo no serán aplicables, y los regantes y usuarios de la Masa Campo de Calatrava podrán seguir solicitando nuevas captaciones o tramitar expedientes de concesión y renovación, entre otros.

Una declaración de riesgo de una masa de agua como la anulada implica numerosas restricciones para los regantes y usuarios y, además, supone la constitución de una única y nueva comunidad de usuarios para la citada masa, lo que supone una reorganización de las comunidades de regantes actualmente existentes en dicha zona.

Al no aplicarse las restricciones, los regantes y usuarios de la zona seguirán rigiéndose por la normativa anterior, lo que no ocurre con el resto de masas de agua declaradas en riesgo y que no han sido impugnadas.

En este sentido, el despacho Cobo Serrano Abogados ha dado a conocer que las otras tres masas de agua subterránea conocidas como el Aluvial del Azuer, el Aluvial del Jabalón y Tierra de Barros, que fueron declaradas en riesgo en el mismo acuerdo del 17 de agosto de 2015, junto con la masa de Campo de Calatrava, habrían obtenido la misma sentencia si hubieran sido impugnadas con los mismos razonamientos jurídicos.

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