Ambuibérica deberá afrontar el pago 3,7 millones a sus trabajadores de Ciudad Real

El Tribunal Supremo ha ratificado la obligación de la empresa Ambuibérica de subrogar a los 258 trabajadores del transporte sanitario de Ciudad Real con los que contaba a finales de 2012 Transaltozano, según ha informado CCOO en un comunicado

Ambuibérica deberá afrontar el pago 3,7 millones a sus trabajadores de Ciudad Real
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El Tribunal Supremo ha ratificado la obligación de la empresa Ambuibérica de subrogar a los 258 trabajadores del transporte sanitario de Ciudad Real con los que contaba a finales de 2012 Transaltozano.

Según ha informado CCOO en un comunicado, Ambuibérica se negó entonces a subrogarse a los trabajadores y despidió a 77 de ellos y al resto les realizó un contrato por obra y servicio.

El Tribunal Supremo indica que la empresa "tendrá que reconocerles a todos la antigüedad de sus contratos originales" y readmitir o indemnizar a los despedidos.

Alfonso Tercero, dirigente de CCOO en Ciudad Real, ha asegurado que Ambuibérica deberá afrontar el pago de unos 3,7 millones de euros entre indemnizaciones por despido y reconocimiento de las antigüedades dejadas de abonar.

El auto del Supremo, fechado el pasado 25 de febrero y contra el que no cabe recurso, declara la inadmisión del recurso de casación presentado por Ambuibérica contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de noviembre de 2014.

Esta sentencia, a su vez, ratifica la emitida justo un año antes por el Juzgado de lo Social de Ciudad Real, que ya declaró la obligación de Ambuibérica de subrogarse todos los trabajadores de Transaltozano.

La decisión del Supremo, ha dicho Tercero, supone un "varapalo" para la política llevada a cabo por Ambuibérica desde que en diciembre de 2012 el anterior Gobierno regional adjudicó a esta empresa el servicio de transporte sanitario de la provincia de Ciudad Real.

Tercero ha advertido que la situación a la que se ve abocada Ambuibérica tras agotar toda la vía judicial "puede complicar la viabilidad de la empresa y la prestación del servicio", por lo que ha hecho un llamamiento a la Administración regional para que intervenga en el asunto en caso de que sea necesario.

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