Más de medio centenar de afectados por las preferentes "ocuparon" de forma pacífica una sucursal de Bankia en el centro de Puertollano, tras algunos momentos de tensión con la Policía Nacional, pudieron entrar algunos de ellos "de forma pacífica" para preguntar por su dinero.
Así lo explicó a los medios de comunicación el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Preferencias, Fulgencio Ruiz, quien recordó o que representan a más de 1.000 afectados y que lo único que quieren saber es "por qué les quiere robar su dinero".
Por eso pegaron en la fachada de la entidad bancaria carteles en los que se podía leer 'Obra de Robos de Madrid' y 'Bankiarota', mientras que los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "exigimos nuestro dinero", una consigna que también gritaron a las puertas y en el interior de la oficina.
Además, el grupo de personas que estaban protestando --la mayoría de avanzada edad-- como en un principio les impidieron el acceso a la oficina, se dividieron y muchos de ellos protagonizaron una tamborada ante la Subdelegación del Gobierno para reivindicar que la nueva ley del Gobierno sobre el tema de los preferentes "resuelve nada" porque --a su juicio-- lo que se pretende "es legalizar un robo".
Por otro lado, fuentes de la entidad bancaria precisó que el pasado día 18 de abril comenzó el proceso de arbitraje sobre instrumentos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada), y a partir de esa fecha ya están recibiendo solicitudes de los clientes para remitirlas a un experto independiente, KPMG.
Esta entidad será la encargada de elaborar un informe para valorar, en función de los criterios fijados por la Comisión de Seguimiento, si cada una de las solicitudes reúne los requisitos para participar en el proceso de arbitraje.
En el caso de que a un cliente se le comunique que no cumple los requisitos establecidos mantendrá abierta la vía judicial para canalizar su reclamación.
Además, precisó estas fuentes que los casos que se sometan a arbitraje se remitirán a la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Sus árbitros serán quienes decidirán, de manera individual para cada cliente, si se le da la razón y el importe que le corresponde. Su decisión es vinculante y no recurrible.
