La Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedos de Castilla-La Mancha pedirá la nulidad de los expedientes y reclamará, por la vía administrativa, a la Consejería de Agricultura el pago de unos 350 millones de euros por las pérdidas ocasionadas a pequeños viticultores por el arranque forzoso de sus viñedos.
La Plataforma ha justificado esta reclamación colectiva, previa al contencioso administrativo, en que la Consejería ha obligado a arrancar unas 17.000 hectáreas de viñedos desde 1998, "utilizando un procedimiento carente de los más elementales principios de seguridad jurídica", han señalado a Efe los abogados de este colectivo.
Los letrados sostienen que el arranque carecía de un informe técnico con los requisitos legales establecidos en la Ley 30/1992, vigente hasta octubre de 2015, utilizando en su lugar unas simples hojas de campo sin ningún valor probatorio respecto a la fecha de plantación y donde no constaba ni la metodología aplicada ni los razonamientos técnicos.
Esta "falta de rigor", a juicio de la Plataforma, ha perjudicado a miles de pequeños agricultores que se han visto obligados a arrancar sus viñas, que eran su medio de vida, para evitar "las desproporcionadas sanciones coercitivas que se han venido aplicando", mientras que la Junta de Comunidades, que tenía más de 30.000 hectáreas de derechos históricos, no los ha aplicado para evitar el arranque indiscriminado de viñedo.
La Plataforma se constituyó hace una semana en la provincia de Ciudad Real por iniciativa de varios viticultores afectados, que esperan que a ella se adhieran los perjudicados por el arranque forzoso de sus viñedos en Albacete, Toledo y Cuenca, ha señalado a Efe el director jurídico del equipo que asesora a este colectivo, Javier Fernández.
