Un técnico de prevención de riesgos laborales ha realizado este viernes, por primera vez en la administración de Justicia, un examen sobre el grado de presión y estrés que sufren los trabajadores de los juzgados de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real.
Durante este viernes, el técnico ha realizado entrevistas personales a los trabajadores de estos juzgados para elaborar el preceptivo informe de evaluación específica de los factores de riesgos psicosociales, ante el requerimiento urgente de la Inspección de Trabajo al Ministerio de Justicia tras la denuncia interpuesta, el pasado mes de marzo, por la Junta de Personal de Ciudad Real.
Dicho organismo inspector reconoció el incumplimiento por parte de la administración pública de la obligatoriedad de realizar un Plan de Riesgos Laborales para evaluar, entre otros riesgos, los factores psicosociales asociados a la situación límite que viven los trabajadores de dicho órgano judicial por la falta de medios materiales y humanos.
El informe de la Inspección señala también la inexistencia de planes de formación en materia de seguridad y salud y la falta de realización de los reconocimientos médicos anuales.
Según ha informado en un comunicado el presidente de la Junta de Personal, Ricardo Rosales, este hecho supone un gran paso en la lucha por el reconocimiento de derechos de los trabajadores del ámbito de Justicia, no solo en la provincia de Ciudad Real, "sino para todos los juzgados del territorio nacional, lo que denota la importancia de las Juntas de Personal".
Rosales ha señalado que las principales preocupaciones de la Junta de Personal de Ciudad Real son, entre otras, la posibilidad de que se pueda producir un accidente laboral que sea consecuencia directa del grado de presión y estrés al que están sometidos los trabajadores de los Juzgados de Valdepeñas y también el deterioro de la calidad del servicio público a los ciudadanos debido al retraso que existe en la resolución de sus procedimientos judiciales.
Y ha dicho que no se debe olvidar "que esta situación de precariedad por carencia de recursos y medios personales y tecnológicos en la administración de Justicia se extiende a la gran mayoría de los órganos judiciales de la provincia, como Puertollano, y cuya solución pasa, inevitablemente, por la creación de más juzgados".
