El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Albacete ha atendido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Abogados Cristianos y ha acordado suspender la orden de la Delegación Provincial de Sanidad por la que se prohibía cualquier actividad religiosa en la localidad de Villamalea, confinada desde el 19 de agosto.
Sanidad prohibió las celebraciones religiosas tres días antes del confinamiento, en la orden del 16 de agosto, que también recogía ya el cierre de bares o clubes sociales.
El juez ha asegurado en su auto, al que ha tenido acceso Efe, que dicha orden “resulta excesiva y genérica en cuanto a su pretendido ámbito de aplicación, además de ambigua y carente de justificación concreta bastante para cercenar el ejercicio de un derecho fundamental”.
En su auto, contra el que cabe recurso en el plazo de tres días, el juez ha afirmado que "el ejercicio de la libertad religiosa, con las limitaciones y condiciones ya impuestas por las normas estatales, no supone peligro cierto de contagio".
Ha considerado en su exposición de motivos "que los actos religiosos no están entre los elementos propagadores a diferencia de las celebraciones familiares, actividades lúdicas y recreativas y el ocio nocturno; eventos estos que no han sido suspendidos".
En un comunicado, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado la decisión y ha insistido en que “la justicia no puede permitir que algunos gobernantes utilicen la situación actual para imponer su laicismo extremo”.
Ha considerado que “se trata de algo gravísimo que atenta contra derechos protegidos en la Constitución Española y en todos los convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos" y ha pedido que "el responsable de esta orden sea inhabilitado".
Además, ha informado de que la Asociación Española de Abogados Cristianos "ya ha interpuesto una querella por este motivo" contra el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por prevaricación y delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de derechos fundamentales.
También ha precisado que la asociación no descarta acciones legales contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
