La Fiscalía Provincial de Albacete ha tomado declaración a los representantes del Ayuntamiento, la Subdelegación de Gobierno y la Delegación de Provincial de Sanidad para dirimir si hay responsabilidades penales por desobediencia en la gestión del brote de COVID-19 en el asentamiento de temporeros de la carretera de Peñas, dado que el auto judicial que ratificó el confinamiento de los inmigrantes proponía dividirlos en grupos de no más de 25 personas ya el 24 de julio.
En un comunicado, hoy miércoles, la Fiscalía ha explicado que ahora, una vez valoradas las diligencias practicadas o que se decidan practicar, se resolverá el procedimiento, acordando su archivo, si se entiende que no se ha incurrido en responsabilidad penal o, en caso contrario, la formulación de querella o denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra las personas responsables.
La Fiscalía Provincial ha indicado que ha tomado declaración al alcalde, Vicente Casañ, la delegada de Sanidad del Gobierno autonómico, Banca Hernández, y el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, y que todos ellos han explicado cuál ha sido la intervención de cada una de esas administraciones en la gestión del confinamiento, sus competencias y actuación conforme a los medios disponibles.
En el comunicado, la Fiscalía ha señalado que estas diligencias de investigación parten del auto del 24 de julio donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Albacete-2 ratificó la resolución de la Delegación Provincial de Sanidad en la que se acordaba el confinamiento de un número superior a los dos centenares de temporeros, para prevenir un posible contagio de COVID-19, pues se habían detectado casos positivos entre esas personas.
El auto judicial incorporó un requerimiento a las administraciones competentes para que dieran cumplimiento y garantizaran una serie de medidas para prevenir y controlar la infección, entre las que se encuentra la “sectorización” o división de los temporeros en grupos de no más de 25 personas, medidas “recomendadas por la autoridad sanitaria”.
Después, en resolución de 29 de julio, la Delegación Provincial de Sanidad acordaba “la prolongación del confinamiento”, pues la falta de sectorización había provocado “que todos los temporeros confinados sean contactos estrechos de dos casos positivos de COVID-19 detectados en esos días”.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en auto deL 4 de agosto, ratificó la prolongación del confinamiento, reprodujo las medidas preventivas “y requirió a las administraciones para su cumplimiento, con apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia”.
Es por ello que un día después la Fiscalía incoó diligencias de investigación para esclarecer si, del incumplimiento de las medidas incorporadas al auto de 24 de julio, se deriva responsabilidad por desobediencia.
VOX PIDE DIMISIONES Y CS DEFIENDE A SU ALCALDE
El diputado de Vox en el Congreso por Albacete Rafael Lomana ha manifestado que desde el partido político piden la dimisión "inmediata" tanto del primer edil de Albacete, Vicente Casañ, como del subdelegado de Gobierno, Miguel Espinosa, por la "pésima" gestión realizada con respecto al asentamiento de temporeros de la carretera Las Peñas.
"No se puede consentir que hayan puesto en riesgo a toda la ciudadanía de Albacete, a nivel sanitario y a cualquier otro tipo de nivel", así lo ha expuesto ante los medios de comunicación asegurando que también se ha puesto en riesgo "con los motines, con las rebeliones y con la falta de prudencia que han tenido en todos los actos que han acometido en toda las fugas masivas".
Así, Lomana ha expuesto que él mismo se pregunta de qué han servido los días de confinamiento, definiéndolo como un "arresto domiciliario en toda regla", cuando en la actualidad se está dando "un flujo y un avasallamiento total y absoluto por parte de las mafias" quienes considera que están trayendo a personas de manera ilegal "muchos de ellos contagiados por el COVID".
De su lado, la portavoz regional de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha manifestado que no se puede pedir a un ayuntamiento una competencia sanitaria que no tiene ante la investigación abierta por la Fiscalía sobre la gestión del brote de temporeros en Albacete.
De esa manera salía en defensa del alcalde albaceteño de su formación, Vicente Casañ, asegurando que tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Albacete ha seguido todas las directrices ha cumplido con sus competencias y que "ha ejercido a todo lo ha tenido que poner" a disposición de la autoridad laboral para que esta situación se solvente "de la mejor manera posible".
Ha añadido que la noticia puede parecer "muy alarmante" pero que solo con leerla y ver de quien son las competencias sanitarias "no se puede pedir a un ayuntamiento las competencias y las responsabilidades de una materia sanitaria que no le corresponde", ha concluido.
Por su parte, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado un escrito solicitando copia de todos los autos y demás resoluciones judiciales dictadas respecto al confinamiento de los temporeros, así como de todas las comunicaciones recibidas de la Autoridad Sanitaria en relación con dicho confinamiento y copia de los escritos y comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete relativos a la autorización y cesión de uso de las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete (IFAB) para albergar a los temporeros confinados.
De su lado, Unidas Podemos Albacete ha celebrado que la Fiscalía vaya a dirimir responsabilidades en la "nefasta gestión" del confinamiento de los temporeros en el IFAB.
El Grupo Municipal Unidas Podemos quiere denunciar "la ocultación" de información por parte del alcalde al resto de grupos políticos en relación al confinamiento, lamentando que se hayan tenido que enterar por un medio de comunicación de que el regidor fue citado por la Fiscalía para prestar declaración, ha informado Unidas Podemos en nota de prensa.
