Efectivos del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete han detenido a cinco personas, acusadas de formar un grupo criminal dedicado a la distribución fraudulenta de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa, en el marco de la operación “Berto”.
Así lo ha dado a conocer este jueves la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete en una nota, en la que han explicado que los medicamentos que comercializaban de forma fraudulenta eran "para animales productores de alimentos" y que el suministro se hacía "al margen de cualquier criterio clínico y de sanidad animal".
En la operación han resultado investigadas otras 19 personas, cuya actuación habría facilitado la comisión de los hechos investigados, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental e intrusismo.
Los detenidos, con edades comprendidas entre los 36 y 64 años de edad y vecinos de Albacete, actuaban desde esta capital y contaban con la colaboración del resto de personas investigadas, profesionales que trabajaban en varias localidades de la provincia albaceteña, así como en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y Alicante.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, de que se había detectado un importante número de prescripciones sospechosas de un mismo veterinario relacionado con una empresa dedicada a la venta de productos veterinarios.
Las sospechas se debían al elevado número de recetas firmadas por este veterinario, así como la coincidencia en las fechas de prescripción y el volumen de sus destinatarios, ya que figuraban más de 400 de distintas provincias, ha detallado la Comandancia.
En la investigación, se detectó que la empresa investigada, junto a las instalaciones donde tenía ubicada su sede social, utilizaba una nave industrial que no estaba controlada por ninguna de las administraciones competentes en la materia (ganadería y sanidad), donde realizaba el almacenamiento de los productos que después distribuía.
El registro de la sede social y la nave utilizada por esta empresa permitió el acceso a documentación de cuyo análisis se obtuvieron datos esenciales para establecer el modus operandi.
Así, la empresa investigada habría estado dispensando medicamentos veterinarios, sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, muchos de ellos antibióticos, "al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos".
Los propios comerciales de la empresa disponían, entre su documentación de trabajo, de información exacta sobre medicamentos veterinarios y antibióticos, con anotaciones sobre dosificación, principios activos, priorización de tratamiento o tiempos de espera para carne, entre otros datos necesarios para la prescripción veterinaria.
Este modus operandi se completaba con la actuación del veterinario detenido, cuya función era firmar todas las recetas que se le presentaban y que provenían de tratamientos aplicados al margen del conocimiento de los veterinarios responsables de las explotaciones, o bien de tratamientos que se negaban a prescribir algunos veterinarios, cuando se los solicitaban.
Este facultativo recibía una remuneración por estos servicios que procedía del pago por receta realizada y descuentos en la adquisición de productos de la empresa investigada.
Por otro lado, se detectó que, en ocasiones a petición de los propietarios de los animales, la empresa obviaba la preceptiva actuación veterinaria, convirtiendo de facto a los trabajadores de esta empresa en los verdaderos prescriptores de los medicamentos, que eran validados por los veterinarios encargados de las explotaciones, quienes también han sido investigados en esta operación.
El proceso se completaba con la colaboración de dos de los farmacéuticos garantes de la correcta dispensación de este tipo de medicamentos veterinarios, omitiendo las funciones de control que legalmente tienen asignadas, con lo que dificultaban "de manera evidente" la labor inspectora y de control de las diversas administraciones competentes en la materia.
El análisis de la documentación analizada permitió establecer que la actividad de esta empresa veterinaria se extendía por 13 provincias, llegando incluso a localidades de Barcelona, Badajoz o Navarra, aunque el grueso se centraba en localidades de Albacete y de provincias limítrofes como Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia, Alicante y Valencia.
Entre los clientes se encontraban explotaciones ganaderas, pero también había particulares, clínicas veterinarias, farmacias, tiendas de productos zoosanitarios y otras comerciales del sector.
En la operación se ha contado con el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia albacetense y personal Especialista del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con sede en Madrid.
Las diligencias instruidas por los hechos delictivos investigados por la Guardia Civil fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete, que ha entendido el caso.
