Alrededor de un centenar de delegadas y delegados sindicales de CCOO de los servicios de la Administración General del Estado (AGE) en Castilla-La Mancha se han concentrado este lunes frente a la Subdelegación del Gobierno en Albacete para exigir al Ministerio de Hacienda y Función Pública que introduzca mejoras "sustanciales" en el anteproyecto de Ley que ha elaborado para regular los servicios del Estado y las condiciones laborales de las y los empleados públicos que los prestan.
"CCOO no va a admitir una Ley que no garantice a la ciudadanía la calidad de los servicios esenciales a cargo de la AGE, que recorte derechos al personal público y que mantenga incluso normativas preconstitucionales que aún tenemos en vigor", ha subrayado la secretaria general del Sector AGE de CCOO-FSC, Elisa Fernández, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
Fernández ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria general de CCOO-FSC en la región, Lola Cachero, y el responsable del Sector AGE en la región, Jesús Calvo, antes de celebrar una asamblea con los delegados que posteriormente se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno.
"Llevamos 16 años de retraso, llevamos desde 2007 esperando una Ley de la Función Pública de la AGE y ahora no podemos avalar el Anteproyecto que el Ministerio quiere llevar a final de mes al Consejo de Ministros. Por eso, hemos convocado movilizaciones en 20 ciudades de España --la de Albacete es la tercera, tras Madrid y La Coruña--, para exigir al Gobierno que se siente a pensar realmente cuál es la administración del siglo XXI que quiere. Eso no se puede hacer en dos meses", ha subrayado Fernández.
La responsable de CCOO ha recalcado que "este es uno de los proyectos de Ley más importantes y más ambiciosos que puede abordar un gobierno, porque al regular al personal de la AGE va a incidir en toda la sociedad". "La AGE acoge todos los servicios esenciales que se desde el Estado prestan a la ciudadanía, desde las prestaciones del SEPE a las jubilaciones del INSS, desde las terapias del cáncer a las carreteras o la UME. Somos los trabajadores de la AGE los que implementamos todas las políticas sociales del Estado relacionadas con derechos esenciales de la ciudadanía", ha explicado
Sin embargo, ha denunciado Fernández, han mantenido "dos últimas reuniones vacías, sin propuesta detallada por parte del Ministerio, sin atender a todas las que les hemos planteado desde CCOO, más allá de pequeñas modificaciones". "Nos movilizamos porque es necesario poner en valor lo que estamos pidiendo, porque todos los servicios públicos del Estado se van a ver afectados si la Ley no es la adecuada", ha añadido.
CCOO pone el acento en tres ejes: empleo público con volumen y calidad suficiente; eliminación de figuras y mecanismos de provisión de puestos de trabajo que den cabida a la discrecionalidad y al amiguismo y no garanticen los principios de acceso al empleo público por mérito y capacidad; y sistema de clasificación profesional que se adecue realmente a la cualificación y funciones de cada empleados y que garantice la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En base a estas premisas, Elisa Fernández ha detallado las numerosas críticas de CCOO al actual anteproyecto y reclamado al Gobierno que atienda a las movilizaciones impulsadas por el sindicato "para ver si así recapacita un poco y mantiene un debate más sosegado" antes de aprobar una Ley que "no pone el acento en lo verdaderamente importante"
Por su parte, la secretaria general de CCOO-FSC de Castilla-La Mancha, Lola Cachero, también ha apelado al Gobierno "para que, de una vez por todas, tome nota y dé una vuelta en profundidad al anteproyecto, por la importancia que tiene."
Cachero ha resaltado que la AGE cuenta en la actualidad en la región con 6.181 personas que atienden "a servicios muy sensibles y totalmente esenciales para los ciudadanos". "Entre 2015 y 2020 se perdieron un 24 de los puestos de la AGE en la región, 1.500 plazas que dejaron de existir y así es inviable. Se ha de corregir, sin un numero adecuado de empleadas y empleados públicos es imposible dar un servicio de calidad", ha concluido.
