Piden garantizar derecho a la intimidad de las mujeres que interrumpen embarazo

CCOO Castilla la Mancha ha exigido hoy que se garantice el derecho a la intimidad, la privacidad y la integridad física y moral de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, así como su libre acceso a los servicios sanitarios que prestan este servicio.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha realizado esta petición al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y a los subdelegados de Albacete y Ciudad Real después de que desde hace semanas, a las puertas de varias clínicas en las que está autorizado que puedan realizar la interrupción voluntaria del embarazado, se estén produciendo "escrache, hostigamiento, amenazas, coacciones, insultos y agresiones verbales" por parte de determinados grupos contrario al aborto.

CCOO CLM ha exigido a las autoridades gubernativas que garanticen también los derechos a las personas que trabajan en los mencionados servicios sanitarios, plenamente legales, " profesionales que deben poder ejercer libremente su derecho al trabajo", han aseverado.

Según el sindicato, estos "grupos de fanáticos" someten a este tipo de presiones a las mujeres que acuden legalmente a abortar y a los profesionales sanitarios de las clínicas, lo que supone un atentado contra sus derechos fundamentales que "la autoridad gubernativa no puede dejar de proteger y garantizar".

Ha rechazado, además, las declaraciones públicas de la concejal de Mujer en el Ayuntamiento de Albacete, Mari Ángeles Martínez, que acusó a los profesionales sanitarios del Sescam de "no informar debidamente a las mujeres que desean interrumpir su embarazo".

Esas acusaciones, "que implican una imputación tan grave como temeraria, resultan injuriosas y calumniosas y rozan el ilícito penal", ha lamentado el sindicato.

Según la edil del PP de Albacete, el aborto "forma parte de una violencia ejercida contra las mujeres".

Ante estas declaraciones, CCOO CLM le ha recordado que en España "el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está regulado por Ley Orgánica" y que "le guste a ella o no, forma parte del ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho y como ciudadana, y más aún como cargo público, debe respetarlo".

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