La Plataforma por la Legalidad de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) va a poner en marcha la segunda fase de la campaña contra la economía sumergida, ya que estima que el perjuicio que ocasionan estas prácticas ilegales y el intrusismo profesional equivalen a un 17 % del PIB del país.
La campaña, que se va a desarrollar con el lema 'Contra la economía sumergida, ¡mójate!' tiene como finalidad sensibilizar a los consumidores y usuarios del daño que ocasiona el fraude fiscal, ha explicado en una rueda de prensa la vicepresidenta de FEDA, Rosario Jiménez.
Asimismo, Jiménez ha presentado los cinco audiovisuales de 40 segundos que se irán emitiendo dentro de esta campaña, que se inició en verano con la emisión de varias cuñas de radio, y se ha reforzado en colegios e institutos con charlas sobre las prácticas nocivas como la piratería y el intrusismo profesional.
Jiménez ha recordado que la Plataforma por la Legalidad de FEDA se constituyó hace una década para luchar contra la economía sumergida y que está formada por 24 asociaciones gremiales, entre las que se estima que estas prácticas fraudulentas suponen algo más del 17 por ciento del PIB español.
Para luchar contra ellas, la Plataforma por la Legalidad ha elaborado estos cinco videos para concienciar sobre la publicidad engañosa y la competencia ilícita, educar en el consumo responsable, luchar contra la economía sumergida y defender el empoderamiento del empresariado.
Por su parte, la concejala de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Albacete, Laura Avellaneda, ha calculado que la competencia desleal está escondiendo unos 1.400 millones de euros en la provincia albaceteña y ha advertido que estas prácticas fraudulentas son "una forma clandestina de no pagar impuestos y dañar así al conjunto de la ciudadanía".
Avellaneda ha hecho hincapié en que el impuesto del IVA es "una obligación" que debe repercutir en el consumidor y que éste "debe de pagar", y ha recalcado que consumir servicios o bienes sin factura "perjudica a nivel personal", puesto que el consumidor "no puede reclamar sus derechos ni cuenta con tique para las reclamaciones”.
A su vez, la vicepresidenta de la Diputación de Albacete, Amparo Torres, ha puesto de manifiesto el apoyo de la institución provincial a esta campaña porque según ha aseverado: "La economía sumergida va en detrimento de la democracia".
Y ha apuntado que la evasión de impuestos, el fraude fiscal y la competencia desleal van contra las empresas, el tejido productivo "en detrimento de los márgenes de beneficios que repercuten en mejora de las condiciones de los trabajadores y en contra de estado de bienestar".
En este sentido, Torres ha tendido mano de la Diputación de Albacete "a cuantas iniciativas partan desde FEDA" para combatir estas prácticas y ha criticado a los ciudadanos que contribuyen a que haya economía sumergida, porque estas práctica "pone en peligro y perjudica a los servicios públicos de calidad y al bienestar social de toda la población".
