Dos municipios de Albacete no pagarán a la CHJ por las obras de conexión

Además de estos dos municipios, otros 18 pueblos de la provincia de Albacete se ven liberados de pagar unas tarifas que rondan los 14 millones de euros en total

Los alcaldes de Alcadozo y Peñas de San Pedro, Ángel Álvaro y Antonio Serrano, respectivamente en rueda de prensa
photo_camera Los alcaldes de Alcadozo y Peñas de San Pedro, Ángel Álvaro y Antonio Serrano, respectivamente en rueda de prensa

os municipios de Peñas de San Pedro y Alcadozo no tendrán que pagar las tarifas exigidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por las obras de conexión de abastecimiento con la Estación de Transferencia de Agua Potable (ETAP) de Albacete.

Los alcaldes de ambas localidades, Antonio Serrano y Ángel Álvaro, respectivamente, han informado en una rueda de prensa de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ratificada por el Tribunal Supremo en la que se recoge esta exención de pago.

Los dos regidores han detallado que, a los municipios de Peñas de San Pedro y Alcadozo, la Confederación les exigía el pago de 2,7 y 3,4 millones de euros, respectivamente, cantidades que deberían de haber empezado a abonar anualmente desde el año 2009 y durante 25 años.

Y han lamentado que era así "por unas obras que nunca antes habían solicitado estos pueblos".

Han subrayado que "finalmente no tendrán que hacer efectivo al haber llevado el caso a los tribunales de Justicia y haber obtenido el respaldo de los mismos".

Han explicado que detallaron en los tribunales que las cantidades exigidas por la Confederación están fuera del alcance económico de sus pequeños municipios, con poblaciones entre los 600 y los 1.400 vecinos, "mucho más cuando se trata de unas obras que ninguno de estos alcaldes solicitaron, por lo que no participaron en convenio administrativo alguno".

Han expuesto que el abastecimiento de agua potable a la población lo tienen asegurado a través de sus propios medios, mediante pozos subterráneos.

Han lamentado que "por aquel entonces la Confederación solo se comunicara con los alcaldes a través del Boletín Oficial del Estado, sin participación alguna en los proyectos a los que por otra parte no habían sido llamados, quedando al margen de los procesos de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan directamente".

Estas obras, llamadas de emergencia por el Ministerio de Medio Ambiente, fueron amparadas entonces por un Real Decreto del Gobierno de España del que era ministra Cristina Carbona, y que quedó declarado nulo por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al no haber contado con un organismo contemplado por la Ley de Aguas en el que participaban las comunidades autónomas y otros entes locales.

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