Juzgarán por presunta estafa al dueño de un concesionario en Albacete

Unos hechos por lo que la acusación pública pide para él penas de cárcel de dos años y tres meses más multa, condena que también se solicita para un comercial del establecimiento

El Juzgado Penal 3 de Albacete sentará en el banquillo al propietario de un concesionario de vehículos acusado de un delito de estafa, ya que según el fiscal revendió un coche que había tomado como parte de la operación de compra de un turismo dentro de las ayudas del Plan PIVE del Gobierno.

Unos hechos por lo que la acusación pública pide para él penas de cárcel de dos años y tres meses más multa, condena que también se solicita para un comercial del establecimiento.

La vista oral se ha programado para este miércoles, 19, y el procesado es J.E.L.E., que tiene su concesionario en Campollano, junto al comercial A.F.G., según consta en el escrito de calificación provisional de los hechos redactado por la Fiscalía Provincial.

El escrito relata que en febrero de 2013 los denunciantes, un matrimonio, contactaron con el concesionario y firmaron la compra de un nuevo vehículo, acordando en la operación entregar un vehículo viejo con el que podían adherirse a las ayudas del Plan PIVE.

En agosto de 2013 el matrimonio recogió el nuevo vehículo y entregó el antiguo "para su destrucción y baja", condición necesaria para acogerse al Plan PIVE.

Sin embargo, los acusados "decidieron poner a la venta" de nuevo el antiguo vehículo "silenciando" a los compradores que “habían surgido problemas con la concesión del Plan PIVE por posible incumplimiento del plazo de entrega del nuevo vehículo".

El comprador del antiguo vehículo pagó 3.400 euros "sin que tuviera conocimiento de las circunstancias que rodeaban esa venta", asegura el fiscal, que acusa a los procesados de simular un contrato privado de compraventa para cerrar esa operación.

La Fiscalía considera provisionalmente, y a la espera de la vista oral, que tanto J.E.L.E. como A.F.G. incurrieron en un delito de estafa y un delito de falsedad en documento oficial, y propone penas totales de prisión de 27 meses, más el pago de una multa.

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