La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca) se personarán como acusación popular en el caso de la muerte, presuntamente por envenenamiento, de un águila real y dos zorros, en un coto de caza.
Tanto la Federación de Caza de Castilla-La Mancha como Aproca, han mostrado su malestar por estos hechos por los que ha sido detenido un vecino de Monteleagre del Castillo (Albacete), como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos dentro de un terreno cinegético de su titularidad.
Ambas organizaciones han resaltado su política de "tolerancia cero" hacia el uso de cebos envenenados que, han recordado, es una práctica ilegal de la que se declaran "absolutamente en contra", han informado este jueves en un comunicado de prensa.
Así, han señalado que el empleo del veneno y otros medios no selectivos de caza en el medio natural constituyen "una de las principales amenazas" para la conservación de la biodiversidad y, además han recordado que estos hechos constituyen un delito que está tipificado en el Código Penal y castigado con penas de prisión y con la inhabilitación especial para el ejercicio a la caza.
El sector cinegético ha considerado, por tanto, que bajo ningún concepto este tipo de delitos debe quedar impune, y por ello, viene trabajando codo con codo con las administraciones para identificar a los culpables, que han de ser perseguidos por la ley.
Además, han destacado que este tipo de conductas delictivas no pueden servir para generalizar o para criminalizar a un colectivo que "cuida y respeta al medioambiente".
La lucha contra el veneno, han advertido, "es cosa de todos", de ahí que desde estas organizaciones hayan mostrado su voluntad a colaborar y poner freno a situaciones como la denunciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el cuerpo de Agentes Medioambientales en Montealegre del Castillo.
A principios de este mes de diciembre la Guardia Civil y los Agentes Medioambientales, en una operación conjunta, localizaban en un terreno cinegético el cadáver de un águila real radiomarcada, que presentaba a simple vista un cuadro postural inicial compatible con muerte por envenenamiento.
Junto a ella se localizó otro cadáver, en este caso de un conejo, que supuestamente contenía alguna sustancia tóxica que habría sido la causante de la muerte de esta ave.
Posteriormente, en la zona, se localizó el cadáver de otro conejo con la misma sustancia granulada en el interior junto a una caseta de riego, y días más tarde, aparecieron otros dos cadáveres de zorros que también podrían haber muerto por la ingestión de veneno.
