Transportes invertirá 24 millones en 260 kilómetros de carreteras de Albacete

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes y a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha autorizado la celebración de un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en un sector de la provincia de Albacete, con un valor estimado de 24 millones de euros (sin IVA).

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato, para un total de 259,93 kilómetros de carreteras que incluye 83,82 kilómetros de autovía, se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras de Mitma, y permite mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

El sector indicado es el número 1, que incluye las carreteras N-301 (Ocaña-Cartagena) en varios tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 256+750 y 275+008; 277+209 y 300+740; 303+120 y 327+785; 328+315 y 337+540; la N-430 (Torrefresneda-Almansa) entre los kilómetros 419+710 y 512+435; la N-430A en varios tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 427+500 y 428+281; 430+735 y 432+110 y 454+985 y 460+528 y la A-30 (Albacete-Cartagena) entre los puntos 0+313 y 84+135.

Además, este contrato incorpora dos proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. La instalación de barrera rígida de hormigón New Jersey en taludes de la autovía A-30 en varios kilómetros y el acondicionamiento de pasos de mediana en la autovía A-30 en distintos puntos.

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

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