La Diputación Provincial de Albacete ha aprobado una nueva ordenanza para regular las subvenciones de carácter sociosanitario, con el fin de lograr un proceso de concurrencia competitiva.
Según publica hoy el Boletín Oficial de la Provincia, la nueva ordenanza reguladora unifica el contenido y el alcance de las diferentes convocatorias tramitadas desde el área de Servicios Sociales y Sanitarios y que se conceden mayoritariamente a ayuntamientos, asociaciones, federaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan programas y actuaciones de carácter social.
En nota de prensa, la Diputación Provincial ha valorado el “imprescindible trabajo” que realizan estas entidades para mejorar la calidad de vida de personas y colectivos que se encuentran en situación o riesgo de vulnerabilidad.
Según lo dispuesto, la nueva Ordenanza tiene por objeto la regulación jurídica de las convocatorias de subvenciones que, según el Plan Estratégico de Subvenciones y de acuerdo con sus previsiones presupuestarias, sean tramitadas por los Servicios Sociales y Sanitarios de la Diputación en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria abierta.
Está dirigida a personas jurídicas y entidades públicas y privadas que trabajen con personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, dependencia, discapacidad y colectivos sociosanitarios, así como las organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional que quieran desarrollar proyectos en el tercer mundo.
En estos supuestos, aclara el comunicado de la Diputación, la entidad solicitante debe disponer de sede abierta o delegación permanente en la provincia de Albacete y deberá tener personal contratado o voluntario para contactar durante la gestión de la actividad o proyecto subvencionado.
Para la valoración de las peticiones se ha creado una Comisión de Valoración que estará presidida por la diputada provincial de Servicios Sociales, Juani García, e integrada por personal del departamento de Trabajo Social de la Diputación Provincial, la responsable de Jefatura de la sección de Acción Social, aunque también podrán participar personal técnico que hubiera colaborado en el estudio y análisis de los proyectos.
Será esta Comisión quien proponga la resolución de la convocatoria, indicando en la misma los importes a conceder en atención a los criterios de valoración y créditos presupuestarios de la misma, teniendo siempre en cuenta principios de equidad e igualdad, calidad y contenidos técnicos de los proyectos, incidencia social, recursos disponibles, así como su compromiso social y capacidad de gestión.
