Seis detenidos por una estafa a través de una ONG fraudulenta en Albacete

Seis personas han sido detenidas en Albacete por un presunto delito de estafa cometido a través de una ONG fraudulenta, denominada España Solidaria, que utilizaban para recaudar donativos por la calle a cambio de papeletas.

Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la trama habría operado también en poblaciones de Cuenca y Murcia y el dinero defraudado podría rondar los 100.000 euros.

La investigación se inició en enero de este año al conocer la policía la venta de papeletas en calles de Albacete y debido a los "antecedentes del responsable de la supuesta ONG" y a las sospechas de los ciudadanos, pues en los supuestos sorteos nunca tocaba nada.

El jefe de la trama es F.G.P., de 64 años, y junto con él han sido detenidas dos mujeres y tres hombres más, R.J.C.A., de 48 años; J.C.R.S., de 20; J.R.R.G., de 53; M.A.R.B., de 32 años, y V.L.M., de 24 años.

Uno de ellos es un empleado de la supuesta ONG y los cuatro son voluntarios que vendían las papeletas a cambio de 3, 5 o 10 euros para participar en las supuestas rifas.

La red tenía dos subgrupos de tres voluntarios, además de un empleado encargado de llevarlos a las ciudades y pueblos donde vendían "papeletas o bolígrafos".

Cuando los agentes localizaron a los voluntarios que vendían las papeletas, "portando un peto identificativo de color azul" con la leyenda de la ONG España Solidaria, declararon que estaban haciendo una labor "completamente solidaria y altruista para proyectos humanitarios".

Sin embargo, la Policía pudo descubrir datos y circunstancias que "desvirtuaban el fin caritativo y bondadoso de las organización", y se supo que F.G.P. quedaba cada día con los voluntarios, recogía la recaudación, y entregaba unas comisiones del 25 % de las ventas.

De este modo, la policía estima que el dinero recaudado desde enero pudiera estar en torno a los 100.000 euros, ya que "cada uno de los colaboradores podía recaudar diariamente entre 80 y 100 euros".

Los voluntarios solían ser jóvenes sin experiencia laboral, y por lo general, ante los incumplimientos del gerente de la ONG, abandonaban la organización, más todavía "al tener conocimiento de la investigación policial".

A F.G.P., que tiene antecedentes por hechos similares, además del delito de estafa, se le imputa otro de vulneración de los derechos de los trabajadores.

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