Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Albacete han detenido a diez personas de nacionalidad rumana por falsedad documental, ya que suplantaron la identidad de otros compatriotas que sí estaban inscritos en el registro de ciudadanos de la Unión y sí que estarían autorizados a trabajar.
La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de que la operación se inició el 3 de septiembre, cuando los agentes detectaron el traslado de varias decenas de trabajadores extranjeros desde varios puntos de Albacete hasta una explotación agrícola ubicada en el término municipal de La Herrera (Albacete), donde se dedicaban a la recolección de la cebolla.
Ante esta situación, se puso en marcha un dispositivo policial para detectar si existía alguna irregularidad en la contratación los trabajadores, en concreto, su situación administrativa y la autenticidad de la documentación.
De hecho, experiencias de otras actuaciones anteriores habían puesto de manifiesto que, en algunos casos, los trabajadores que se encontraban en situación irregular aportaban documentación falsa o la auténtica correspondiente a otras personas, cuando carecían de permiso de trabajo.
De esta forma, en la finca objeto de la investigación, se identificaron a 35 personas de nacionalidad rumana, diez de los cuales lo hicieron con una fotocopia de una tarjeta de identidad rumana que incorporaba su fotografía, la misma que figura en su carta de identidad, en fotocopias de tarjetas de identidad de otros compatriotas que sí figuraban inscritos en el registro de ciudadanos de la Unión y que, por ello, sí que estarían autorizados a trabajar.
Además de la tarjeta de identidad falsificada, también aportaron certificados de registro de ciudadano de la Unión y documento alta laboral en el sistema de la Seguridad Social correspondientes a las personas cuya identidad habían suplantado.
También fue detenido un ciudadano rumano que tenía una orden de detención y personación por un Juzgado de Albacete.
A los otros diez detenidos se les imputa un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil.
Además, se han iniciado los correspondientes procedimientos administrativos para determinar la posible responsabilidad administrativa en que hubieran podido incurrir los implicados, que podrían enfrentarse a importantes sanciones económicas.
