El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha criticado el contenido de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por cuanto a su juicio supone "un afán de privatizaciones de los servicios, al margen de conculcar la autonomía municipal".
Cabañero, que ha realizado estas declaraciones antes del comienzo de la jornada de la Escuela de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del Campus de Albacete y del Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social que llevaba por nombre 'Externalización y Reversión de Servicios en el Ámbito de Castilla-La Mancha', ha asegurado que hay servicios públicos "que de por sí no pueden ser rentables económicamente", según ha informado la Diputación en nota de prensa.
"No solamente se pueden medir por la rentabilidad económica porque, por ejemplo y por la economía de escala, es mucho más caro recoger las basuras en un municipio como Yeste con 135 núcleos de población, que en una manzana de Albacete", ha mantenido al tiempo que añadía que "eso no quiere decir que haya que dejar de prestar el servicio a esa población por ser más caro".
Santiago Cabañero ha añadido que "uno de los errores que ha ocurrido es pensar que lo privado es mejor o más eficiente, o pensar en la mercantilización de los servicios públicos" y ha subrayado que "es por contra lo público lo que tiene que garantizar el servicio a los ciudadanos".
Como ejemplo "de que desde lo público se puede prestar un buen servicio", ha expuesto el funcionamiento del Consorcio Provincial de Servicios Sociales "que es una fórmula mancomunada entre administraciones desde la cual se presta un servicio fundamental como la atención social a las personas más desfavorecidas".
Por último, ha concluido que "es fácilmente demostrable que es posible prestar un servicio público de tanta calidad como el que se presta desde el sector privado y además de forma más barata".
Junto al presidente de la Institución, en la mesa de apertura de esta jornada han estado presentes el secretario provincial de Comisiones Obreras, Francisco de la Rosa; el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Joaquín Aparicio; la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, María José Romero; y el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Enrique Sánchez.
