La Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete (Afoncalba) ha advertido de que el nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero que está preparando el Gobierno de España gravará con un 5 % las nuevas instalaciones de refrigeración, no solo de uso doméstico y comercial, sino también las utilizadas por hostelería, alimentación, logística, transporte y automoción.
En nota de prensa, Afoncalba, asociación integrada en la Confederación de Empresarios de Albacete, ha apuntado que este nuevo tributo gravaría la fabricación e instalación de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, dado que aplica un nuevo gravamen a los refrigerantes utilizados en ellos.
Afoncalba, que se une así al rechazo expresado por la Federación Regional de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fluidos de Castilla-La Mancha, FRICAM, y al resto de asociaciones del sector en España, ha afirmado que con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, “el Gobierno extendería el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas”.
La asociación, presidida por Juan Manuel García García, ha calificado el anteproyecto como “un atropello fiscal injustificado”, ya que “no está alineado con las políticas de la Unión Europea” y ha subrayado que, de ser aprobado, España se convertiría “en uno de los pocos países con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados”.
En opinión de Afoncalba, con este nuevo impuesto, este país sería el primero del entorno europeo en penalizar “el consumo responsable de refrigerantes”, al tiempo que ha puntualizado que España “se desviaría del principio europeo de ‘quien contamina, paga’, incluso aunque sean energéticamente”.
La Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete advierte, además, de que el sector no tendría tiempo a adaptarse a las exigencias del nuevo gravamen, cuya entrada en vigor está prevista para el mes de julio, al tiempo que ha alertado de que este impuesto “repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos”.
