martes 20/4/21

Albacete zanja el conflicto con regantes de Valencia por el uso del embalse de Alarcón

El consistorio pacta con la Unión Sindical de Usuarios del Júcar una rebaja de un 75% en los intereses de demora de la deuda principal de más de un millón de euros, a cambio de no presentar un nuevo recurso judicial
El Gobierno de Albacete aparta a cargos políticos de la adjudicación de contratos públicos
Albacete zanja el conflicto con regantes de Valencia por el uso del embalse de Alarcón

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete ha dado el visto bueno al acuerdo para dar por zanjado el conflicto judicial abierto hace ocho años por el pago de compensaciones a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) por el uso del pantano de Alarcón entre 2005 y 2008.

En un comunicado, tras recordar que fueron unos años en los que la sequía dejó el embalse por debajo del nivel a partir del cual los usuarios de Alarcón debían compensar a la USUJ, ha asegurado que pagará antes de fin de año la deuda, ratificada por los tribunales, que asciende a 1.115.879 euros, más otros 28.373 euros de intereses (un 25% de los que estaba obligado a abonar).

Se ahorrará el pago de las costas judiciales y un 75 % de los intereses a cambio de no presentar un último recurso posible ante el Tribunal Supremo (TS), consciente de que "alargar el proceso implicaría el incremento de los intereses y nuevas costas" ante la escasa posibilidad de que dicho recurso prospere.

Los antecedentes se remontan a la década de los 70, cuando el embalse de Alarcón fue construido por el Estado, pero con las aportaciones económicas de la USUJ, entidad que aglutinaba a regantes valencianos.

En 1983 una sentencia reconoció que para usar dicho pantano debía llegarse a un acuerdo con la USUJ y rubricar el preceptivo convenio; en 1998 el Plan Hidrológico del Júcar recogió la necesidad de dicho convenio y en el 2001 se firmó el convenio de Alarcón entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ para la gestión del sistema hidráulico del Júcar (Alarcón-Contreras-Tous).

En virtud de dicho convenio, el ministerio de Medio Ambiente se quedaba con los derechos de explotación y conservación del pantano, si bien la USUJ se quedó con ciertas garantías, como una "reserva de volúmenes" del río y recibiría unas contraprestaciones económicas en caso de que la reserva no se pudiera garantizar.

En el 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) adoptó una serie de acuerdos y fijó los niveles de curva de reserva para la USUJ, el coste de las compensaciones y los usuarios, entre ellos el Ayuntamiento albaceteño, que debían pagarla si tomaban agua del embalse una vez alcanzados esos niveles de reserva.

El Ayuntamiento de Albacete recurrió en los tribunales este acuerdo y cinco años después, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y tres años más tarde, en 2013, el TS concluyeron que esa reserva de caudales a la USUJ era conforme a derecho, pues tenía su origen en el Plan Hidrológico del Júcar.

El Plan del Júcar en vigor, aprobado en 2016, exoneraba al Ayuntamiento de Albacete de cualquier pago por este concepto, pero seguía vigente la deuda anterior acumulada, del 2005 al 2008, periodo en el que hubo sequía.

El Ayuntamiento de Albacete se ha venido oponiendo al pago de esta deuda, que superaba el millón de euros, en distintos recursos judiciales, y aunque algunos se resolvieron a favor del Consistorio por defectos procesales, las razones de fondo ya estaban juzgadas de forma desfavorable para los intereses de la ciudad.

Así, en el 2016 la USUJ inició los últimos procesos de reclamación judicial de esta deuda y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón, condenando al Ayuntamiento de Albacete a abonar la deuda y los intereses desde la última reclamación, que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

Solo quedaría interponer un recurso de casación ante el TS, pero el equipo de Gobierno, "consciente de que las posibilidades judiciales eran pocas", ha preferido negociar una rebaja de la deuda y dar por terminado este asunto.

El acuerdo, alcanzado días atrás por la concejal de Hacienda, María José López, y el vicealcalde, Emilio Sáez, en una reunión mantenida con los responsables de la USUJ, pasa por abonar la deuda acumulada y un 25 % de los intereses, dejando a cero las costas judiciales, por lo que se ahorrará 300.000 euros 

La deuda supera el millón de euros y será abonada, tras la modificación presupuestaria oportuna, con cargo al superávit del año 2018.

Comentarios