Las zonas despobladas de Castilla-La Mancha ya crecen al ritmo de las urbanas
El Gobierno de Castilla-La Mancha afronta el inicio del año reafirmando su hoja de ruta política y social tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno celebrada en el Palacio de Fuensalida. La sesión estuvo marcada por el análisis detallado de la primera evaluación intermedia de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, un documento clave para el Ejecutivo y cuya presentación corrió a cargo del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro. Junto a él, la consejera portavoz, Esther Padilla, abordó otros asuntos de relevancia, entre ellos el nuevo récord de cobertura sanitaria, la protección del patrimonio cultural toledano mediante la declaración del damasquinado como Bien de Interés Cultural y la autorización para seguir ampliando el proyecto de reforestación ‘El Bosque de la Vida’ en Alcázar de San Juan. También se pronunció sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que el Ejecutivo considera una oportunidad estratégica para el tejido productivo regional.
Desde un tono firme y respaldado por datos, tanto el vicepresidente como la portavoz quisieron subrayar que Castilla-La Mancha encadena avances que definen un ciclo político estable, con políticas de largo recorrido en materia territorial, sanitaria, cultural y económica. El mensaje que ambos proyectaron, desde ámbitos diferentes pero complementarios, fue el de un Gobierno que presume de resultados tangibles mientras trata de anticipar los desafíos emergentes.
Estrategia contra la despoblación
Martínez Guijarro abrió su intervención con el análisis pormenorizado del documento que evalúa los tres primeros años de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, aprobada en 2021 y que se extiende hasta 2031. Según explicó, a 31 de diciembre de 2024 ya se ha ejecutado el 52% de las 210 medidas previstas, un dato que consideró especialmente significativo, dado que tan solo se ha consumido un tercio del periodo total de vigencia del plan. Más de un 80% de las actuaciones se encuentran en desarrollo, lo que, a juicio del Ejecutivo, refleja un grado de madurez elevado de la estrategia y garantiza la progresión de los objetivos marcados.
La evaluación revela además un volumen de recursos movilizados sin precedentes. El vicepresidente detalló que el Gobierno ha destinado más de 1.850 millones de euros en inversiones estrictamente vinculadas a la estrategia, cifra que asciende hasta 5.143 millones si se contemplan todas las partidas dedicadas a iniciativas relacionadas con el reto demográfico, desde políticas sociales y educativas hasta programas de cobertura digital o incentivos económicos territoriales. Martínez Guijarro defendió que el compromiso presupuestario supera lo previsto inicialmente y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades con un enfoque más sistemático y global frente al declive poblacional.
Uno de los ejes más avanzados es el de la movilidad rural, en el que destacó la consolidación del transporte sensible a la demanda, utilizado ya por 52.000 personas, y que ha permitido conectar núcleos escasamente poblados con servicios básicos. También subrayó el impacto de la política digital, que ha logrado que 868 localidades cuenten con fibra óptica y 527 dispongan de cobertura 5G, un logro que, según dijo, sitúa al medio rural en condiciones de competencia real con áreas urbanas en materia de conectividad.
Otro componente clave de la estrategia es la fiscalidad diferenciada, una línea pionera que ha permitido que los habitantes de zonas despobladas se hayan deducido 145 millones de euros en el IRPF desde 2021. Son incentivos por estancia efectiva, adquisición o rehabilitación de vivienda y gastos de traslado. De acuerdo con los datos facilitados, solo en la campaña correspondiente a 2024 se beneficiaron de alguna deducción más de 98.000 contribuyentes, lo que supone un aumento del 60% respecto al primer ejercicio en vigor de la normativa.
La revisión intermedia de la estrategia incorpora 13 nuevas medidas, diseñadas para afrontar retos emergentes. Entre ellas, destaca un programa específico de vivienda en el medio rural, respuesta a una demanda creciente en pueblos que empiezan a experimentar falta de disponibilidad residencial. También se incorporan nuevos instrumentos de apoyo al emprendimiento en áreas rurales, una tarifa plana para autónomos, la puesta en marcha de abonos de transporte, el impulso a actividades culturales y de ocio y el fomento de comunidades energéticas que permitan aprovechar el potencial renovable de estas zonas.
Más allá del avance administrativo, el vicepresidente subrayó los resultados demográficos obtenidos. Según los datos analizados, las zonas afectadas por despoblación han ganado 4.672 habitantes desde 2021, lo que supone un incremento del 1,1%, mientras que las áreas catalogadas de extrema despoblación han sumado 3.611 residentes, creciendo a un ritmo similar al de las zonas urbanas. Martínez Guijarro insistió en que se trata de una tendencia inédita “desde hace décadas” y explicó que el saldo migratorio positivo asciende a 20.236 personas, lo que significa que una de cada cinco de las que llegan a Castilla-La Mancha opta por instalarse en municipios rurales.
El análisis del Gobierno revela dos perfiles predominantes: por un lado, familias migrantes que se incorporan con normalidad a la vida municipal y que permiten sostener servicios como los colegios rurales; por otro, ciudadanos que regresan a sus municipios de origen, a menudo acompañados por modalidades de teletrabajo o empleos en las comarcas. “Estamos revirtiendo un proceso histórico: ahora hay gente que vive en los pueblos y trabaja en otros municipios”, aseguró el vicepresidente.
Récord de tarjetas sanitarias en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
La consejera portavoz, Esther Padilla, centró buena parte de su intervención en destacar la evolución de la sanidad pública autonómica. Según avanzó, Castilla-La Mancha cerró 2025 con 2.010.324 tarjetas sanitarias activas, la cifra más elevada desde la creación del Sescam en 2002. “Nunca antes habíamos dado cobertura a tantas personas”, afirmó, antes de reivindicar la “determinación política” del presidente Emiliano García-Page, que situó la sanidad pública como prioridad estructural desde su llegada al Gobierno hace diez años.
Padilla explicó que el crecimiento de usuarios está directamente relacionado con el impulso de infraestructuras y la modernización del sistema. Solo en la última semana se han inaugurado dos nuevos centros de Atención Primaria, en La Guardia y Alcoba de los Montes, mientras que otras 50 infraestructuras sanitarias continúan avanzando en distintas fases de ejecución. También se encuentran plenamente operativos los hospitales universitarios de Toledo, Guadalajara y Cuenca, y progresan las obras de los nuevos centros de Puertollano y de la segunda fase del Hospital de Albacete, cuya finalización está prevista para 2026.
La portavoz hizo especial hincapié en el papel de las urgencias hospitalarias y rurales, cuyo refuerzo considera determinante para sostener la ampliación de cobertura. En el último año, la región ha sumado 19.602 tarjetas nuevas, un ritmo que relaciona tanto con el crecimiento demográfico como con la confianza de la ciudadanía en el sistema público. Desde 2015, el incremento acumulado supera las 66.000 tarjetas, una cifra que, defendió, confirma que el modelo de atención basado en la sanidad pública “no solo es viable, sino que continúa consolidándose”.
El damasquinado de Toledo, declarado Bien de Interés Cultural
En el capítulo cultural, Padilla anunció la declaración del damasquinado de Toledo como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Bien Inmaterial, una medida que definió como un acto de protección de la identidad, la tradición y la memoria colectiva de la ciudad. La portavoz recordó el trabajo conjunto desarrollado durante el último año entre las consejerías competentes y la Fundación Damasquinado de Toledo, a la que agradeció su impulso decisivo. También destacó la aportación de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, cuyo informe subrayó el valor histórico y artístico de esta técnica milenaria.
Padilla reconoció la labor de los maestros damasquinadores, talleres y comercios que han mantenido viva la técnica y han contribuido a proyectarla internacionalmente. Aseguró que la declaración no solo protege la creación, sino que también garantiza su transmisión futura, especialmente a través del certificado de profesionalidad en damasquinado, que comenzará el 26 de enero en la Escuela de Artes de Toledo.
Cesión de suelo en Alcázar de San Juan
El Ejecutivo autonómico dio luz verde a la cesión del uso de una parcela en el paraje Casa Botines, en Alcázar de San Juan, para permitir la continuidad del proyecto de educación ambiental ‘El Bosque de la Vida’, iniciativa municipal que, desde 2019, planta un árbol por cada nacimiento registrado en la localidad. El programa ha contribuido a consolidar un cinturón verde que conecta el Parque Alces con el entorno del Complejo Lagunar, un proyecto que la Junta califica de ejemplo de sostenibilidad y compromiso institucional compartido.
Valoración del acuerdo UE-Mercosur
Por último, Padilla se refirió al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que el Gobierno regional considera “una oportunidad”, aunque desde la “prudencia” que exige el contexto geopolítico actual. Subrayó que el pacto abre un mercado de 270 millones de consumidores y protege sectores estratégicos para Castilla-La Mancha, especialmente el vino —cuyas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas quedan blindadas— y el queso manchego, al reforzar la defensa contra imitaciones.
La portavoz recordó que el acuerdo incluye contingentes limitados de importación, cláusulas de salvaguarda y un mecanismo europeo de ayuda dotado con hasta 6.300 millones de euros para los sectores más sensibles. La región, afirmó, “vive de la exportación” y no puede renunciar a mercados internacionales, siempre que se garantice el cumplimiento de las exigencias sanitarias y alimentarias europeas.
También se pronunció el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, quien desde una visita a la bodega Fernando Castro, en Santa Cruz de Mudela, señaló que el acuerdo abre “una oportunidad que hay que aprovechar”, especialmente para las bodegas y empresas agroalimentarias que ya mantienen vínculos con los países del Mercosur.