Visto bueno del Gobierno de CLM a las nuevas leyes de Economía Circular y Evaluación Ambiental

- El tributo que gravará el depósito de residuos peligrosos se regulará al año de vigencia de la ley de Economía Circular.

- Los pequeños proyectos de inversión no estarán obligados a realizar evaluación ambiental, según la futura ley de C-LM

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha informado en rueda de prensa de los asuntos de su departamento tratados en el Consejo de Gobierno
photo_camera El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha informado en rueda de prensa de los asuntos de su departamento tratados en el Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este martes la toma en consideración de los proyectos de ley de Economía Circular y de Evaluación Ambiental que ha considerado "fundamentales" para el medio ambiente y para la actividad económica.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comparecido en rueda de prensa y ha explicado que se espera que ambas leyes sean aprobadas por las Cortes regionales en los próximos meses, antes de que termine la legislatura.

En el caso del anteproyecto de Ley de Economía Circular, que ha sido enviado al Consejo Consultivo, supone pasar de un modelo lineal de producción, utilización y deshecho a un modelo en el que no hay residuos, por el reciclado y la reutilización.

Se contempla que en el plazo de un año desde su aprobación el Gobierno deberá establecer un sistema de fianzas para que, en caso de problemas medioambientales, las empresas que gestionan residuos peligrosos se hagan cargo de los costes de reparación ambiental.

Esta medida se anunció tras el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña en mayo de 2016.

Asimismo y también en el plazo de un año desde su aprobación, la Junta regulará una tasa o tributo que gravará los residuos industriales peligrosos y no peligrosos de construcción y demolición de vertedero.

Martínez Arroyo ha explicado que por el momento es la única ley en España de economía circular, aunque en la región ya se han puesto en práctica actividades en ese sentido como la reutilización del agua de depuradora para el riego del campo y la reutilización de los subproductos de la vinificación como los orujos.

También se han aprobado ha iniciativas para fomentar las energías renovables, el ahorro energético, la gestión de residuos y de bioresiduos o la estrategia de cambio climático.

El consejero ha subrayado la importancia de la economía circular desde el punto de vista económico, pues supone un aumento de la rentabilidad del 30 %, además, genera empleo y reduce los gases de efecto invernadero.

Ha recordado el compromiso europeo de que en 2030 el 70 % de los envases se reciclen, y ha destacado que en Castilla-La Mancha ese objetivo ya se supera en plásticos, puesto que se recicla el 75 %, en papel y cartón el 83 % y en los metales el 88 %.

Por su parte, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que se remite a las Cortes hoy, simplificará los trámites a los pequeños emprendedores al eliminar, para los proyectos pequeños de inversión, la obligación de realizar el estudio de evaluación ambiental.

Son proyectos en muchos casos ligados al medio rural y por pequeños emprendedores que ya no tendrán que hacer los estudios de evaluación ambiental.

Además, la Junta ofrecerá colaboración a los pequeños ayuntamientos para resolver las dificultades administrativas que generan estos proyectos y que a veces impiden que salgan adelante.

También como novedad, se archivarán los proyectos que no cumplan, aunque sus promotores podrán volver a presentarlos con los cambios pertinentes.

Con esta ley, se evitará la contradicción que existe con la ley estatal de la actual normativa autonómica vigente, que se derogará con la aprobación de la nueva.

MINERÍA DE TIERRAS RARAS EN LA REGIÓN

En otro orden de asuntos, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha reiterado que sin presupuesto nuevo no se puede tramitar la proposición de ley de minería de tierras raras presentada por Podemos, y ha insistido en que en Castilla-La Mancha no hay inversiones en tierras raras.

El consejero ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre el recurso de reconsideración presentado por el diputado de Podemos David Llorente contra la decisión de la Mesa del Parlamento de impedir la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de minería de tierras raras.

Martínez Arroyo ya señalado que no es momento de jugar con los intereses de Castilla-La Mancha sino de apoyar proyectos de interés general como los proyectos de ley de economía circular y de evaluación ambiental aprobados hoy por el Consejo de Gobierno.

Ha manifestado que sin haber un presupuesto nuevo aprobado no se puede tramitar la proposición de ley de Podemos y que esa es la respuesta que ha dado el Gobierno a la propuesta procedente de las Cortes regionales.

Llorente "ha manifestado que lo va a recurrir y serán las Cortes las que decidan si tiene razón o no", pero, ha continuado, "ese no es el debate de los ciudadanos del Campo de Montiel, que saben del compromiso de este Gobierno en una cuestión tan importante como la de las tierras raras", ha dicho Martínez Arroyo.

"En Castilla-La Mancha hoy no hay inversiones en tierras raras gracias al esfuerzo del Gobierno", ha asegurado. 

SANCIÓN POR CHAPTALIZACIÓN

Por último y de otro lado, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha afirmado que el año pasado solo hubo en la región un expediente de sanción por chaptalización.

Martínez Arroyo ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la denuncia de la organización agraria Asaja, que manifestó que dieciséis bodegas de Castilla-La Mancha han sido sancionadas por prácticas de chaptalización (agregar azúcar al vino para aumentar su graduación alcohólica).

El consejero ha asegurado que no sabe "de dónde procede la información facilitada por Asaja, que sí ha hecho denuncias de algunas empresas por incumplimiento de la normativa del sector vitivinícola".

Sin embargo, ha continuado, la Junta las ha analizado y ha puesto en marcha el plan de control de la trazabilidad, lo que ha dado como resultado que una empresa es la que ha incumplido.

El consejero ha indicado que "es una cifra muy pequeña", por lo que ha resaltado "el cumplimiento mayoritario del sector del vino de Castilla-La Mancha", ha concluido.

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