Villena destaca el compromiso del Gobierno para endurecer penas por robos agrícolas

El presidente de ASAJA de Castilla-La Mancha, Fernando Villena, valoró el compromiso del Ministerio de Justicia para frenar la delincuencia en las explotaciones agrarias y ganaderas endureciendo los castigos e incluyendo en el código penal propuestas de ASAJA

Representantes de ASAJA se reunieron con los Ministros de Justicia y Agricultura y Medio Ambiente, para tratar el robo en explotaciones agrarias y ganaderas
photo_camera Representantes de ASAJA se reunieron con los Ministros de Justicia y Agricultura y Medio Ambiente, para tratar el robo en explotaciones agrarias y ganaderas

El presidente de Asaja de Castilla-La Mancha, Fernando Villena, valoró el compromiso del Ministerio de Justicia para frenar la delincuencia en las explotaciones agrarias y ganaderas endureciendo los castigos e incluyendo en el código penal las propuestas de la organización agraria.

Villena, que participó en el encuentro que se celebró este miercoles entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la patronal agraria, Pedro Barato, señaló en nota de prensa que el futuro código penal está en el Consejo de Estado y después tiene que pasar el trámite parlamentario, pero que la reforma incluirá las demandas más reiteradas por Asaja.

Entre las propuestas de la organización agraria destaca la de aplicar una pena de prisión de 6 a 18 meses a las personas que sustraigan efectos en las explotaciones agropecuarias cuando el valor de los mismos exceda de 100 euros.

En este sentido, Asaja solicitó que, aparte de la cuantificación de lo sustraído, se tengan en cuenta los daños colaterales como los costes y tiempo de reparación o los perjuicios por la interrupción de las labores del campo.

También se aumentará el castigo cuando se produzca en los delitos una multirreinciencia, correspondan a delincuencia organizada o a la criminalidad organizada.

De igual modo, la organización solicitó al Gobierno restringir las medidas cautelares para lograr la libertad provisional, así como ampliar en la redacción del código penal las zonas que están fuera de áreas habitadas o poblaciones, y que tengan un artículo específico para poder llegar a una pena de prisión de entre tres y cuatro años.

Villena solicitó la intensificación de la vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como un incremento de las inspecciones y controles de chatarrerías, desguaces y empresas del sector para que su actividad se desarrolle única y exclusivamente dentro de los márgenes legales. 

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