viernes 17/9/21

La nueva Ley de Memoria mantendrá fórmulas para disolver la Fundación Franco

El proyecto de Ley será aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el próximo martes para su remisión a las Cortes
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La nueva Ley de Memoria mantendrá fórmulas para disolver la Fundación Franco

El proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Gobierno aprobará el martes para su remisión a las Cortes mantendrá los preceptos legales encaminados a atajar las expresiones públicas de exaltación del franquismo y disolver entidades que enaltezcan al dictador, como la Fundación Francisco Franco.

Lo hará sin embargo no con la misma fórmula que contemplaba el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros vio en primera lectura en septiembre de 2020, sino con otro planteamiento jurídico que recoge las sugerencias que hizo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe no vinculante aprobado el 7 de junio.

Advertía el órgano consultivo que perseguir la apología del franquismo "sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas" podía colisionar con el amparo constitucional a la libertad de expresión, del mismo modo que prohibir manifestaciones o concentraciones de este sesgo ideológico podía chocar con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de reunión.

El Gobierno ha encontrado una vía que permite conjugar sus pretensiones de atajar cualquier pronunciamiento a favor del franquismo bajo el supuesto de que la apología de este régimen supone "vilipendio" hacia las víctimas de la dictadura, según explicó esta semana la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

La principal promotora en el Ejecutivo de esta nueva normativa, que da un paso más allá a lo regulado por la Ley de Memoria Histórica de 2007, sostiene ahora que el informe del CGPJ es "bastante razonable" y asume así sus recomendaciones al proyecto que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros.

Se incide por tanto en la cobertura que permitiría disolver la Fundación Francisco Franco, en el punto de mira del Gobierno por entender que su exaltación del régimen del dictador no es compatible con el respeto que una democracia debe a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión del régimen franquista.

Pero más allá de lo que atañe a este tipo de entidades, la nueva ley incorpora un amplio catálogo de preceptos que tratan de profundizar y avanzar en los objetivos ya marcados hace 14 años en la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno de ellos es el reconocimiento expreso de las víctimas y exiliados de la Guerra Civil y la dictadura y su protección, un aspecto en el cual el CGPJ también alertó de que podía suponer una tutela "asimétrica" respecto a la dignidad de otras víctimas de otros hechos sucedidos en el mismo período histórico.

Se condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura y se declaran nulos de pleno derecho los juicios represivos del franquismo; pero sobre esta nulidad el Consejo también ha sugerido la conveniencia de limitarla "a la existencia de un contenido específico de condena o sanción".

Con los restos de Francisco Franco ya fuera del Valle de los Caídos, se establece el marco legal para transformar este enclave en un cementerio civil donde se rinda homenaje a las cerca de 30.000 víctimas de los dos bancos de la contienda, sin que ninguno de los enterrados pueda ocupar un lugar "preeminente" en el recinto, como sucede con José Antonio Primo de Rivera, fusilado en 1936.

El futuro desarrollo normativo de esta ley permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por benedictinos, y la gestión de la basílica pasará a Patrimonio Nacional, con la idea primordial de abordar su "resignificación" definitiva como "lugar de memoria democrática".

Pero el aspecto que mayor repercusión puede tener en el ámbito de la memoria histórica y la reparación de las víctimas es el impulso a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, como la habilitación de un banco de ADN que facilite las identificaciones.

La creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas e investiga los crímenes del franquismo planteada en el anteproyecto se retoca a instancias del Consejo Fiscal, y la norma hace ahora referencia al fiscal de Sala encargado de estos asuntos.

También se prevén otros organismos de nuevo cuño para impulsar las políticas de memoria democrática, como el Consejo de la Memoria Democrática, se reconoce el movimiento memorialista y por vez primera se establece un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo de lugares de memoria democrática.

En esta línea, se avanza sobre lo previsto en la Ley de Memoria Histórica, que no preveía multas, y podrán ser castigadas conductas como la negativa a retirar símbolos franquistas de los edificios públicos.

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