España abrirá sus fronteras con todos los países del espacio Schengen el 21 de junio, salvo Portugal donde, a petición propia, será el 1 de julio. Así lo ha trasladado Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos, a quienes también ha informado de un plan para la automoción dotado con 3.750 millones de euros.
En rueda de prensa tras última videoconferencia del estado de alarma (la próxima será presencial ya en el mes de julio), ya en la recta final de la desescalada, Sánchez ha apelado a la unidad para la "reconstrucción" de España y ha pedido a todos los partidos que actúen "con patriotismo" y apoyen el plan económico de la Comisión Europea.
Sánchez ha querido dejar claro que la sociedad y la economía española "se pone en pie" tanto por la apertura de fronteras y la desaparición desde el día 21 de la obligación de cuarentena para los viajeros de los países del espacio Schengen -22 de ellos de la UE- como por un plan de impulso al turismo que se dará a conocer este jueves.
Uno de los anuncios estrella tras esta videoconferencia ha sido la apertura de fronteras de los 26 países que conforman el espacio Schengen (22 de ellos de la UE) ya que supone un cambio frente al propósito inicial de mantener las fronteras cerradas hasta el 1 de julio, opción que sí ha elegido Portugal.
Ese día, según ha avanzado Sánchez, se celebrará un "emotivo" acto en la frontera de Portugal al que acudirá él mismo, junto al rey Felipe VI y el primer ministro y el presidente del país vecino.
El otro anuncio relevante es el plan de ayuda al sector de la automoción, en un momento en el que el sector atraviesa una situación muy difícil con el cierre de las instalaciones de Nissan en Barcelona.
Esta partida (3.750 millones) se destinará a la renovación del parque de vehículos para avanzar en la transición ecológica.
El plan se presentará este lunes tras un encuentro que Sánchez mantendrá con representantes del sector del automóvil.
Del plan de apoyo al turismo, un sector "prioritario" para el Gobierno, Sánchez sólo ha desvelado que contribuirá a afianzar los territorios en riesgo de despoblación y mejorará las condiciones de empleo reduciendo la precariedad.
El plan se ha diseñado con los responsables del sector y cuenta con la coordinación de las comunidades autónomas.
Además de esta parte más económica, en la que Sánchez ha instado a todas las fuerzas parlamentarias a poner de su lado para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la comparecencia ha dejado espacio a la educación y a la necesidad de garantizar la "necesaria e imprescindible" vuelta a las clases a partir de septiembre de forma "segura y saludable".
Sánchez ha reconocido la "dificultad" de adaptar los centros educativos a la situación que deja la pandemia de coronavirus, pero ha asegurado que el regreso a las aulas se hará en un entorno seguro.
De momento, el Ejecutivo central ha hecho una parte a través de los ministerios de Sanidad y de Educación, y ha elaborado un documento marco con recomendaciones a las comunidades, que son las que ostentan las competencias en esta materia.
Así, ha explicado que en Educación Infantil y hasta cuarto de Primaria se establecerán grupos estables de alumnado de 15 alumnos, aunque podrían llegar hasta 20; para el resto de los cursos, los espacios se reorganizarán de forma que haya una distancia de un metro y medio entre los estudiantes.
La mascarilla será obligatoria a partir de quinto curso de Primaria, mientras que el alumnado de los cuatro cursos anteriores deberá llevarla cuando no esté con su "grupo estable de convivencia". En Educación Infantil no será obligatoria la mascarilla.
También ha hecho referencia a las residencias de mayores, tan castigadas por la crisis, y aquí ha expresado su "compromiso absoluto" con las residencias geriátricas: "Hemos enviado hasta al Ejército" para desinfectar estos centros.
"Desde el 18 de marzo hasta el 17 de mayo, el Gobierno ha enviado al Ejército a realizar 5.200 actuaciones en el marco de la operación Balmis", ha dicho durante la rueda de prensa.
Sobre este asunto sí ha hecho una velada crítica a la Comunidad de Madrid -sin mencionarla- y ha recordado que la gestión de las residencias está en manos de las autonomías y por ende, ha dicho, "habrá que sacar algunas conclusiones".
Durante su comparecencia y pese a poner en valor cómo se ha doblegado la curva de contagios, Sánchez también ha dejado claro que el riesgo no ha desaparecido. "Una segunda ola, nos dicen todos los expertos, es posible. Un riesgo cierto que debemos evitarlo a toda costa porque nos llevaría al muro".
En la rueda de prensa y a preguntas de los medios, Sánchez ha hecho autocrítica y ha reconocido que su momento más difícil fue aprobar el estado de alarma y suspender derechos tan fundamentales como la libertad de movimiento o de reunión.
Y sobre qué habría hecho distinto, Sánchez ha admitido que se habría aprovisionado mucho antes de los EPI para los profesionales sanitarios, de los respiradores para las UCI y habría reorientado con más tiempo la fabricación para el autoabastecimiento.
Pese a esas autocríticas, se ha concedido un respiro y ha concluido su intervención aludiendo a un proverbio oriental que sostiene que "cuando soplan vientos fuertes, algunas personas se dedican a construir muros, mientras que otras construyen molinos".
"Nadie esperaba este vendaval. Pero ha llegado y nos ha sacudido a todos, como ha golpeado a todo el mundo. Y sólo hay dos respuestas posibles: o ser muro o ser molino. División o transformación".
LAS CCAA CELEBRAN LA APERTURA DE FRONTERAS
De su lado, una amplia mayoría de comunidades autónomas han celebrado la decisión del Gobierno de reabrir las fronteras el próximo 21 de junio como un paso hacia la reactivación del turismo, aunque también sigue el debate sobre los criterios para el reparto de los fondos de ayuda a las autonomías.
Estos han sido los dos temas más relevantes de la decimocuarta y última reunión telemática entre el presidente del Gobierno y sus homólogos autonómicos, en los que también se han abordado otras preocupaciones, especialmente la de las limitaciones a la movilidad, sin necesidad de activar nuevamente el estado de alarma en el caso de rebrotes.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras en proponer al Gobierno planes nacionales para esos eventuales nuevos contagios, y otro específico en el aeropuerto de Barajas ante la próxima apertura de fronteras.
Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, de no haber un criterio común para actuar ante rebrotes, estaría dispuesto a recurrir a la justicia ordinaria para cerrar municipios o provincias. También ha apuntado la necesidad de ampliar la legislación sanitaria para que el Ejecutivo central pudiera limitar movimientos pero sin llegar a activar nuevamente la alarma.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que el Gobierno haya manejado hasta "cuatro criterios de reparto" distintos para los 16.000 millones del fondo no reembolsable, y ha pedido que se reconsidere el último fijado, para que sean los utilizados en el modelo de financiación autonómica actual, que daría a su Comunidad al menos 110 millones más.
Igualmente, el lehendakari, Iñigo Ukullu, ha pedido "claridad" en materia de disposición de recursos y capacidad de endeudamiento que va a tener Euskadi y concretar un marco financiero "de certeza" en el Estado, para poder acometer la reconstrucción de la economía tras la pandemia.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha pedido que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que el impacto de la pandemia de coronavirus "se traduzca en una justa distribución de fondos, tanto para el COVID como para la financiación de los servicios públicos".
Otra partida económica que preocupa son los fondos europeos, y en este sentido el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado que ese dinero no compute ni en la regla de gasto ni como déficit, medida que permitiría agilizar la ejecución de esas partidas, que el Principado debe adelantar primero, encajarlo en las reglas fiscales, para posteriormente recibir el reembolso por la Unión Europea.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado la próxima apertura de fronteras, especialmente con Portugal; y ha reflexionado si a partir del día 21 la ley permitiría en un momento dado tomar decisiones de restricción de movilidad amplia, pues la norma se hizo para confinar a una persona o una familia, no aun país o una región.
La jefa de Ejecutivo navarro, María Chivite, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" en el escenario de "nueva normalidad" que se avecina, aunque también ha valorado positivamente que se reabran las fronteras, sobre todo con Francia, y se ha felicitado por el trabajo que se está realizando para fijar los protocolos de actuación que garanticen un regreso seguro a las aulas.
Desde Valencia, Ximo Puig, ha destacado que es momento de levantarse tras tres meses de confinamiento, aunque ha reconocido como fundamental la "detección rápida" de los casos y el rastreo de contactos ante la inminente apertura de fronteras y el levantamiento de las restricciones de movilidad en unos meses donde el turismo se antoja vital para la reactivación económica de esta comunidad.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha celebrado la decisión de abrir las fronteras y ha asegurado que el adelanto del reinicio del turismo no supone un contratiempo para el plan piloto de corredor seguro con Alemania que comenzará a aplicarse mañana, con el que se proyectaba traer a las islas a 10.900 visitantes germanos en la segunda quincena de junio.
Más allá ha ido su homólogo canario, Ángel Víctor Torres, quien ha abogado por que se concedan incentivos fiscales a quien se quede en la UE para hacer turismo.
Más cauto se ha mostrado el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha exigido un protocolo "garantista" para no "importar" casos con la apertura de fronteras, y ha abogado por tener "información de origen" de estas personas para saber que no están infectadas por la COVID-19.
Por su parte, Quim Torra, ha exigido que toda la región pase desde esta misma semana a la fase 3, sin esperar siete días más. También ha criticado la gestión del Gobierno durante esta crisis sanitaria para, finalmente, reclamar los 15.000 millones que, según el Govern, Cataluña necesita para no verse asfixiada.
El Gobierno de Cantabria ha anunciado que decretará a este "martes o miércoles" el levantamiento del estado de alarma para adelantar al viernes, 19 de junio, la movilidad entre comunidades limítrofes que están en fase 3, como País Vasco, Asturias y La Rioja.
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha prometido "diálogo, consenso y justicia social" para superar esta crisis y se ha comprometido a trabajar sin que "nadie se quede atrás" durante la reconstrucción social y económica.
