La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció el pasado 9 de marzo, un día después de la celebración de las manifestaciones por el Día de la Mujer, que la "bajada de" asistentes a las concentraciones se debió a la presencia del coronavirus.
"O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos", aseguraba Montero en la previa a una entrevista con ETB, que desvela este lunes ABC.
En el vídeo puede verse a la titular de Igualdad charlando con la periodista, que le pregunta sobre las manifestaciones del 8 de marzo. "Como siempre, priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay", apunta Montero, que reconoce que "la capacidad de control" del virus de otros países europeos que estaban tomando medidas "superdrásticas" era "muy limitada".
"En verdad creo que sí. La cosa es si tiene síntomas no te muevas mucho (...) Es que esto es ya cierre del Ministerio. Porque la gente todo el rato: '¡Un beso ministra!' '¡Bueno dicen del coronavirus pero da igual, muac muac!' Y con la niña: 'Hola, bonita, como estás'... Y es como, la mano no justo la mano no", contaba.
Las palabras de la ministra salen a la luz una semana después de que se publicase el informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M.
El mismo concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".
En el documento, de 83 páginas, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.
El Gobierno cifró en 600.979 los asistentes a las diferentes manifestaciones que se celebraron el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en todo el país, a excepción de Cataluña, que no facilitó al Ejecutivo datos sobre esta materia.
RESPALDO DEL GOBIERNO
Tras publicarse la grabación "off the record", el Gobierno y diversas feministas han respaldado a la ministra, mientras que la oposición ha pedido su dimisión y la ha acusado de actuar con negligencia.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido los comentarios informales de Montero, que ha calificado de "bastante sensatos", y ha criticado la petición de comparecencia de la ministra en el Congreso formulada por PP y Ciudadanos para aclarar sus palabras.
En una entrevista en Onda Cero, Iglesias ha vinculado este requerimiento con una táctica de crispación y "escándalo", mientras el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que "nadie el 8M, ni la ministra, sabía la dimensión del problema".
Ábalos ha recordado que en esos días no había datos de contagios intracomunitarios, ya que se pensaba que los casos contagiados "venían de fuera, de China y de Italia".
Las comentarios que han generado la polémica proceden de un vídeo de una entrevista del 9 de marzo en ETB que recoge una conversación informal entre Montero y la periodista antes de que diese comienzo la grabación.
La televisión pública vasca ha asegurado que no es responsable de la filtración de la conversación y ha anunciado que se "reserva" la posibilidad de plantear acciones judiciales por esta polémica.
En un comunicado, lamenta, además, "el daño reputacional que la difusión de esa conversación haya podido causar al Ministerio de Igualdad y a Irene Montero como ministra de Igualdad".
Para la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, la publicación por parte de "ABC" de estos comentarios "rompe el noble oficio del periodismo" y supone un "intento desesperado de las derechas de este país por culpar al feminismo de una pandemia internacional", lo que ha calificado de "triste y repugnante".
Lo ha escrito Vera en su cuenta de Twitter; la misma red social que ha usado la actual directora de Diversidad Sexual, Boti García, para dirigirse a la ministra, a la que ha dicho: "Tú a lo tuyo, con la verdad y el trabajo bien hecho, con nosotras, con la ciudadanía, por la igualdad. Ni caso al machismo miserable. Nosotras a lo nuestro".
Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, ha comentado que "el enemigo principal de la derecha sea el feminismo no es nada nuevo, pero demuestra que hacemos daño al sistema. Somos un movimiento que va a cambiar el mundo, y ahí les duele".
Entretanto, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de "obviedad" las manifestaciones de Montero y ha reiterado que el Gobierno "seguía, entonces y siempre, el consejo de los científicos. Pero todo vale para criminalizar al feminismo e intentar tapar el ingreso mínimo vital en el BOE de hoy".
Por el contrario, para la vicesecretaria de Política Social popular, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, los comentarios de Montero indican que conocía el "riesgo" de las concentraciones del 8M para la expansión del coronavirus.
A juicio de Pastor, se ha constatado que "el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas necesarias para contener la pandemia", por lo que cree que también la Fiscalía tendrá que llamar a Montero como testigo en las causas que se instruyan para "clarificar qué sabía el Gobierno".
Una opinión que comparte el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que opina que Montero se comportó "con una gran negligencia".
"Igual no está capacitada para ocupar el cargo que ejerce" y "a lo mejor se debería pensar un poquito dimitir después de lo que ha dicho", ha señalado Bal.
Por su parte, Vox considera que los comentarios de la ministra confirman la denuncia de su grupo de que el Gobierno "disponía de información sobre la gravedad del virus, que la ocultó y que no adoptó medidas preventivas para impedir su propagación", según el portavoz del partido, Jorge Buxadé.
