El Gobierno ha decidido recurrir el acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la Comunidad desde las 20:00 horas, ha informado el Ministerio de la Presidencia.
La Junta de Castilla y León determinó el viernes adelantar la limitación de la libertad de circulación en esa región a las 20:00 horas. Sin embargo, el Gobierno considera que esta decisión vulnera el decreto que regula el estado de alarma que estipulaba que el horario nocturno sería entre las 23:00 y las 6:00 horas, al mismo tiempo que daba de margen a las comunidades autónomas para poder adelantarlo hasta las 22:00 como máximo.
El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha anunciado este domingo que "ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León (como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2)".
El Ejecutivo considera que la regulación de la Junta de Castilla y León vulnera el Real Decreto "que, al declarar el estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial 'que la hora de comienzo de la limitación prevista [....] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas'".
"Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada", señala el comunicado de la Presidencia del Gobierno, que añade: sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de "modulación" otorgadas a las autoridades competentes delegadas.
REQUIERE UNA COBERTURA LEGAL
Al respecto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido a Castilla y Léon, que cualquier medida requiere una cobertura legal porque para restringir la movilidad hay que hacerlo con las máximas garantías jurídicas.
Esas son las palabras pronunciadas por el ministro en el diario El País, cuando se le pregunta por la decisión de Castilla y León de aprobar un acuerdo autonómico para adelantar el toque de queda de las 22:00 horas -el máximo establecido en el decreto del estado de alarma- a las 20:00 horas, algo que otras autonomías han solicitado al Gobierno.
No obstante, el ministro no ha querido entrar en polémicas con ninguna comunidad y ha asegurado que su ánimo de colaboración y apoyo a las comunidades "es férreo".
Unas declaraciones que se producen antes de que se conociera que el Gobierno va a recurrir la decisión de la Junta de Castilla y León.
El titular de Sanidad ha reconocido que "cuesta mucho que descienda la ocupación de las UCI", pero ha mantenido que "los datos que tenemos ahora permiten decir que de momento no es preciso el confinamiento domiciliario",
"El estado de alarma ha funcionado -ha insistido- porque da a las comunidades las herramientas para restringir la movilidad en sus territorios con cierres perimetrales, restricciones de movilidad nocturna y de reunión".
Cada comunidad puede decidir si cierra sectores comerciales o de ocio, recuerda Illa, quien hace hincapié en que "disponen ya de las herramientas legales necesarias para doblegar la curva y que, en la práctica, es lo que en otros países llaman confinamiento", como Portugal o Alemania.
"Con los datos que tenemos ahora no es preciso ir más allá", concluye el también aspirante por el PSC a presidir la Generalitat catalana.
ILLA ADMITIÓ LA POSIBILIDAD DE UN ADELANTO
El ministro de Sanidad abrió este sábado la puerta a la posibilidad de adelantar el toque de queda fijado actualmente, en el decreto del estado de alarma con restricciones de movilidad nocturna, aunque descartó el confinamiento domiciliario. "Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo".
En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona, indicó que el Ejecutivo central "nunca se ha negado a escuchar y a valorar esta posibilidad", pero que es necesario hacerlo con las máximas garantías jurídicas para no limitar derechos humanos, en sus palabras.
"El Gobierno de España siempre va a estar a favor de cualquier medida que sea eficaz para doblegar la tercera ola. Ahora bien, todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal", explicó.
Illa aseguró que está en constante contacto con los gobiernos autonómicos: "Vamos a ejercer este liderazgo compartido, estoy en diálogo con las comunidades autónomas, las vamos a seguir escuchando".
"OBSTACULIZACIÓN" DEL GOBIERNO
Por u parte, la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que mantiene vigente el toque, "en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley", además de lamentar que el Gobierno trate de "obstaculizar" una norma que tiene como "único objetivo" "proteger" la vida y la salud de las personas y "reducir lo más posible" el daño a la economía.
En este sentido, y ante el recurso anunciado por el Gobierno contra el acuerdo sobre el toque de queda, la Junta recuerda que la situación epidemiológica y sanitaria es de "extrema gravedad" en Castilla y León y en el conjunto de España. "La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad", recoge el comunicado.
Así, lamenta que el Gobierno de España "trate de obstaculizar" con su recurso la acción de la Junta, que, señala, tiene como "único objetivo" proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.
Además, señala que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, "según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León", en que en el momento en que se autoriza la prórroga del Estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades.
"Contempla su disposición transitoria única sobre la 'Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno' expresamente lo siguiente: la medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión", añade.
En este sentido, considera que deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.
Por otra parte, reclama "una vez más" al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, "si es que discute los existentes", que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. "Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías", explican.
Por último, reitera que el toque de queda a las 20.00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste "encarecidamente" a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta "grave" tercera ola de la pandemia.
MAÑUECO DENUNCIADO POR "PREVARICACIÓN"
Al respecto, un vecino de la capital abulense ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Ávila contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al entender que puede haber cometido un delito de prevaricación por aprobar el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde, sin atenerse al decreto del estado de alarma.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila han confirmado este domingo a Efe la presentación de esta denuncia a las 20.41 horas del sábado, recibiendo a partir de ahora el trámite ordinario para estos casos.
En el escrito, el denunciante se refiere a unos hechos que tuvieron lugar el mismo sábado, a las 20.00 horas -momento en el que entraba en vigor el nuevo horario del toque de queda- en las calles de la Comunidad.
En este sentido, denuncia "la posible comisión del delito de prevaricación administrativa" por parte de Fernández Mañueco, tras el acuerdo adoptado el viernes, que modifica las restricciones de movilidad en la Comunidad.
El denunciante alega como prueba el Real Decreto 926/2020, el Real Decreto 956/2020 y las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, referentes a la inexistencia de marco normativo habilitante para la reducción de los derechos fundamentales a la movilidad a que se refiere el acuerdo del Ejecutivo autonómico.
En declaraciones a Efe, Emilio Marfull ha considerado que ha cumplido con su "deber como ciudadano" al denunciar ante la Policía lo que considera como un delito, aunque ha reconocido que técnicamente, y una vez que el Gobierno va a llevar el Acuerdo de la Junta al Tribunal Supremo, habrá que esperar a que resuelva sobre si esa normativa autonómica vulnera el decreto del estado de alarma.
Será entonces, cuando se dirima si Mañueco ha contravenido esa normativa estatal, el momento de determinar si un juzgado investiga si esa vulneración fue acometida a sabiendas y por tanto incurrir en un posible delito de prevaricación, para lo que la Policía ya tiene conocimiento de esta denuncia.
El denunciante ha explicado que ya desde el mismo viernes, en que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, anunció la toma de esta decisión de adelantar el toque de queda y hacerlo sin el acuerdo del Ministerio de Sanidad, que mostró su rechazo, telefoneó "como ciudadano" a la Consejería de Transparencia para informarse del alcance de la medida y llegó a hablar "con la secretaria de Igea".
Ha lamentado que sean los gobernantes quienes "incumplan las leyes" y a la vez llamen a los ciudadanos a cumplirlas, en un momento como el actual, marcado por la pandemia.
Se trata de la primera denuncia presentada por un ciudadano contra la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León, después de que el Gobierno haya recurrido ante el Tribunal Supremo el toque de queda en la Comunidad, adelantado desde las 22.00 a las 20.00 horas, al considerar que se trata de la "restricción de un derecho fundamental no amparada" por el decreto del estado de alarma.
"SEGUIRÉ TOMANDO MEDIDAS"
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado este domingo que seguirá "tomando medidas para proteger la vida y la salud de las personas" porque "la situación es grave".
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, escrito después de conocer que el Gobierno ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo y de que un ciudadano abulense haya presentado una denuncia contra él por entender que puede haber prevaricado al adelantar el horario del toque de queda, Mañueco ha reiterado que la hora establecida, a las ocho de la tarde, sigue vigente.
"Nuestros vecinos están a la altura del difícil momento actual, cumpliendo el toque de queda a las 20 horas. Gracias por vuestra responsabilidad, colaboración y esfuerzo", ha concluido el presidente autonómico.
